La Sala de Recursos del Tribunal Supremo aboca al fiscal general del Estado al banquillo tras desestimar su recurso

La resolución sobre la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, fue objeto de deliberación durante varias sesiones en las últimas semanas y será notificada esta misma semana

La respiración en la Sala Penal del Tribunal Supremo está contenida a la espera de conocerse el resultado de la deliberación de los tres magistrados que han formado la Sala de Recursos: Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres.

Porque el hermetismo ha sido total. A la altura de la importancia histórica del caso: abrir la puerta al juicio oral del fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz.

Fuentes solventes dijeron a este periódico que la deliberación comenzó hace ahora dos semanas en la citada Sala de Recursos y que, finalmente, se ha alcanzado el acuerdo de desestimación.

El juez Ángel Hurtado -instructor en el Supremo de la causa de filtración de un correo del 2 de febrero de 2024 del abogado Carlos Neira, asesor fiscal de Alberto González Amador -pareja de Isabel Díaz Ayuso- demostró que el fiscal general del Estado realizó dicha filtración sobre la base de diversos indicios y de un informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO). En el mismo se calificaba el «papel preeminente» del fiscal general del Estado en la citada filtración.

Procesó Hurtado a García y a la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez (dictó técnicamente el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, última resolución sujeta antes del auto de apertura de recurso de juicio oral) y las defensas de ambos presentadas sus recursos.

La Sala de Recursos ha ido confirmando casi todas las resoluciones adoptadas por el instructor Hurtado, desde octubre se 2024, cuando comenzó la investigación sumarial, de modo que no parece chirriar la desestimación del recurso del fiscal general.

Acontecimiento histórico

No es por así decirlo un rayo en cielo sereno. Pero sentar en el banquillo a un fiscal general del Estado desde el único tribunal que puede hacerlo, la Sala Penal del Tribunal Supremo, es un acontecimiento histórico en la trayectoria de la justicia española.

La Sala del Supremo que admitió una exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estuvo integrada por Manuel Marchena (presidente) Susana Polo (ponente), Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.

Dicha Sala demostró que la razón por la cual el TSJM entendió la existencia de delito -la emisión de un comunicado por parte de la Fiscalía General del Estado en el caso de la pareja de Díaz Ayuso- no lo era. Sin embargo, sí vió posible delito de revelación de secreto en la filtración del ya citado correo.

La Sala de Admisión, más otros dos magistrados, formaron el tribunal de siete jueces que enjuiciaron a García, tribunal que presidirá el flamante presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta.

El juez instructor no ha aportado pruebas directas contra Álvaro García.
Toda su instrucción ha aislado el correo del 2 de febrero de 2024 respecto de los otros correos, el primero de ellos filtrado precisamente por Miguel Ángel Rodríguez, director de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En dicho correo se presentaba a la Fiscalía como autora de la propuesta de un pacto de conformidad en el que la pareja de Díaz Ayuso aceptaba los delitos, cuando en realidad había sido iniciativa de Neira, el asesor fiscal de González Amador.

Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso han logrado llevar al banquillo al fiscal general del Estado a costa de empeorar sustancialmente la situación de González Amador, quien deberá enfrentarse a un juicio oral en el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden penas de prisión de 3,9 años de cárcel para él y otras penas y multas para los cuatro testaferros que organizan con él un sistema de falsificación de facturas para defraudar a Hacienda 350.951 euros.

Álvaro García ha dicho hasta este lunes que se mantendría en su puesto a pesar de tener que pasar por un juicio oral habitada cuenta de que está convencido de que nunca será condenado.