Hoy: 22 de noviembre de 2024
“Disculpa. No estoy hablando con nadie hasta que acabe el proceso”, respondió a El Periódico de Catalunya Esteban González Pons, el negociador del Partido Popular que diseña junto con el ministro Félix Bolaños el traje del nuevo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advertía, a esas horas, que le preocupa “ese Consejo que viene de Tezanos disfrazados de jueces, me preocupa el llenar el Poder Judicial de Tezanos disfrazados de jueces”.
Según informaciones procedentes de fuentes en contacto con los negociadores y sus colaboradores, el parto del nuevo CGPJ, bloqueado en 2018, después de frustrarse la expectativa del PP -en parte por su propia conducta- de obtener la presidencia del Tribunal Supremo y CGPJ para el magistrado Manuel Marchena, y el fracaso -por la estrategia del entonces presidente Pablo Casado- de los contactos entre Teodoro García Egea y Bolaños en 2021, ya está muy cerca, tal y como adelantó en exclusiva esta semana FUENTES INFORMADAS.
“Se trata de darle al PP lo que desea para que Alberto Nuñez Feijóo pueda explicar a sus dirigentes por qué después de la política de bloqueo practicada, durante cuatro años -desde noviembre de 2018 hasta noviembre de 2022- se ha dado este viraje”, dice una fuente consultada. “Muchos no terminamos de creerlo, pero esta vez confiamos más que nunca antes en que puede haber acuerdo”, añade.
Es que esa necesidad del PP de cargarse de argumentos para justificar el pacto ya ocurrió precisamente en noviembre de 2018. Entonces, el exministro Rafael Catalá, negoció con la ministra Dolores Delgado, que había sido reprobada dos veces en el Congreso de los Diputados, y ello levantó ampollas en los dirigentes.
Catalá explicó a García Egea que al ser aceptada la propuesta de que el magistrado Manuel Marchena fuera el nuevo presidente compensaba con creces el cambio de conducta a favor del acuerdo. El célebre ‘WhatsApp’ del portavoz del Senado Ignacio Cosidó, arruinó el pacto, tras filtrarse deliberadamente el nombre de Marchena.
Precisamente, Isabel Díaz Ayuso asumió este jueves una posición similar a la de los dirigentes del PP en 2018. “Lo que sobre todo me preocupa es una negociación con el Gobierno, el de Sánchez, que miente por sistema, que no es de fiar. Tenemos que seguir siendo firmes a la hora de exigir la despolitización del órgano de los jueces, me preocupa también si ese Consejo viene de Tezanos disfrazados de jueces, que las negociaciones sean firmes y que no permitan que gente con carné, ni cercano a un partido político, ocupe ningún puesto”, enfatizó.
Y advirtió: “Creo que si la Justicia no es independiente y no aprovechamos la oportunidad que tenemos ahora, este Gobierno ya no va a tener nunca un solo contrapeso”, señaló. La presidenta de la Comunidad de Madrid pretende ignorar que la realidad es la contraria.
Su aproximación a la realidad es muy propia a la que describe el escritor George Orwell en su famosa obra 1984, sobre la verdad y las mentiras flagrantes, la naturaleza, en fin, de ejercer el poder mediante la distorsión de la realidad.
¿Cómo de otra manera hubiera dicho al anunciar el 7 de septiembre su próxima renuncia -con Feijóo sentado enfrente-, el dimitido presidente del TS y CGPJ Carlos Lesmes -uno de los suyos- que se debía cumplir la ley eligiendo a dos magistrados inmediatamente para el Tribunal Constitucional y renovar el CGPJ con la ley vigente?
En otros términos: que el PP tenía que abandonar su larga y dura resistencia a hacer ambas cosas para que a su vez los vocales conservadores depusieran el bloqueo.
En la mecánica de la renovación del CGPJ impuesta por el PP -aplazar los nombramientos de los cuatro magistrados caducados del TC, excepto el de Alfredo Montoya, conservador, que dimitió el verano pasado por razones de salud – hasta después de que asuma el nuevo Consejo, subyace, precisamente, la preocupación de la derecha por la próxima presidencia del Tribunal Constitucional que saldrá de la votación prevista por ley una vez que se cubran los magistrados con mandato vencido el pasado 12 de junio.
El sector progresista, que pasará a contar con siete magistrados contra cinco del grupo conservador, tendrá que proponer un candidato. ¿Ese candidato será el que automáticamente va a devenir presidente? En términos aritméticos sí.
Pero, atención, ¿qué hará el sector conservador? ¿Limitarse a votar en contra? ¿O abrir una brecha en el sector progresista como ya lo hizo en 2017 cuando consiguió que su candidato a vicepresidente –Fernando Valdés Dal-Ré– no obtuviera la mayoría porque los conservadores le ofrecieron ese puesto a la magistrada Encarna Roca formalmente del sector progresista y ella lo aceptó? De aquellos polvos salieron esos lodos, cuando el voto de Roca fue decisivo para declarar la inconstitucionalidad del estado de alarma aplicado por el Gobierno a la pandemia.
Esa conducta viene a aplicar un esquema ya típico para la derecha. “Váis a tener un progresista, vale, pero lo vamos a escoger con nuestros votos”.
En una entrevista con El Periódico de Catalunya que recogió FUENTES INFORMADAS, la magistrada María Luisa Balaguer afirmó este miércoles tener dos ideas contradictorias al mismo tiempo y seguir funcionando, la prueba, según decía el escritor norteamericano Francis Scott Fitzgerald de una “inteligencia de primera clase”. Una de esas ideas es la de ser presidenta si consigue los votos suficientes y la otra es la de votar a su colega Cándido Conde-Pumpido si éste los obtiene.
Pero, claro, para que Conde-Pumpido los consiga necesita que sus pares progresistas le voten. Si no, ¿cómo habría de ser? Balaguer, en cambio, quiere ser presidenta no como candidata del sector progresista -cree que la división entre unos y otros no obedece a la realidad interna del tribunal- sino por unanimidad.
Es decir: después de nueve años de dominio de la derecha en el tribunal de garantías, el sector progresista, según se deduciría de la visión de Balaguer, debería buscar un pacto con los conservadores similar al que se concretó al elegir a Pedro González-Trevijano en el otoño de 2021, para llegar así a una Presidencia por unanimidad.
Esta cuasicampaña emprendida por la magistrada en el último mes y medio converge de facto con la actividad de cenáculos de magistrados en el Tribunal Supremo y de medios de comunicación que se han movilizado para conseguir que el PP haga suyo el objetivo de bloquear una presidencia del magistrado Conde-Pumpido, vamos, que ponga como condición al Gobierno que la renovación del CGPJ se frustrará una vez más si no se le asegura que el citado magistrado “no pasará” a la Presidencia del TC.
Las fuentes consultadas señalan que este es un wishful thinking, una expresión de deseos. Es decir: que en la mesa de negociación Gobierno-PP esa condición de los cenáculos señalados no está ni se le espera.
Pero sonido y furia en los mentideros madrileños, haberlos haylos. Y a medida que se acerca la hora señalada aumentarán de intensidad.