De los señores feudales: El honor de mandar (Cap. 3)

23 de noviembre de 2024
5 minutos de lectura
Los funcionarios de prisiones y abogados enfrentan situaciones difíciles | Foto: Pexels
Los funcionarios de prisiones y abogados enfrentan situaciones difíciles | Foto: Pexels

Ser funcionario de prisiones, carcelero, no es fácil. Y serlo y respetar el Derecho, las leyes, la Constitución y los tratados internacionales, menos

            La de mandar no es, ciertamente, una tarea vulgar; mandar tampoco es un privilegio, sino un honor y una carga. No se puede mandar-ser jefe- si no se sabe hacerse cada día digno de ello. El que solo se ocupa de servir sus intereses personales, el que piensa en sus gustos más que en sus responsabilidades, el que se abandona a la cólera, al resentimiento, o, por el contrario, al favor y al nepotismo, el hombre vulgar, en suma, no está capacitado para ser jefe. Mandar es, en efecto, una tarea absorbente para quien, sintiendo entrañablemente el oficio, piensa que no ha dado nada mientras no los ha dado todo.

            “Hay un estilo militar de vida” –Jorge Vigón-

            En capítulos anteriores hemos dejado ya sentado el hecho de que en nuestras cárceles se abusa, se trafica con influencias, se defrauda, se tortura y se violan los Derechos Fundamentales de los presos, y por lo que he leído en los comentarios a esos artículos, también los de los funcionarios de prisiones.

            Ser funcionario de prisiones, carcelero, no es fácil. Y serlo y respetar el Derecho, las leyes, la constitución y los Tratados Internacionales, menos. Ya hace muchos años, allá por el 1971, en la Universidad de Stanford, un equipo de investigadores liderado por Philip Zimbardo ya demostró que cualquier persona convertida en carcelero, esto es, que se le otorga cierto grado de poder sobre otras personas, abusa de dicho poder mientras no se le ponga límite.

            ¿Quién le pone los límites a nuestros carceleros? ¡Nadie!

            Desgraciadamente quien se supone que debe hacerlo, los jueces de vigilancia penitenciaria, a tenor del mandato del artículo 76.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que dice: El Juez de Vigilancia tendrá atribuciones para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las Leyes y Reglamentos, salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse. No lo hacen.

            Como sabemos todos los presos y los abogados que nos dedicamos al Derecho Penitenciario, los jueces de vigilancia penitenciaria no se preocupan lo más mínimo por los presos. Nos dicen, en su defensa, que tienen pocos medios, poco personal, que tienen, en la mayoría de los casos, otras funciones, y que no llegan a todo. Nos dirán que suben a su prisión periódicamente a entrevistarse con los presos. Es cierto. Pero de nada sirve eso si lo que te dice el preso te entra por un oído y te sale por el otro.

            Recuerdo cuando en el año 2017, en la cárcel de Logroño, solicité permiso para tener un ordenador en la celda ya que estaba estudiando un grado en la UNED. Se me denegó, por supuesto. Recurrí al entonces juez de vigilancia penitenciaria José Carlos Orga Larrés, hoy Magistrado en la audiencia Provincial de Logroño y miembro del Consejo General del Poder Judicial. Me lo denegó en base a un informe del director de la cárcel, que básicamente decía que no era procedente ya que en nuestro módulo disponíamos de dos ordenadores en una sala común, lo cual era mentira.

            Pedí audiencia con el juez de vigilancia y cuando subió, junto con e Letrado de la Administración de Justicia y la fiscal de Vigilancia, les dije que el informe era falso, que el director de la cárcel mentía y que por favor me acompañaran al módulo ar corroborarlo. Me contestó Su Señoría que no hacía falta, que no era necesario. ¡Lógico! Ellos ya sabían que el director, D. Vicente, mentía y también sabían que, si se levantaban y lo corroboraban por ellos mismos, las consecuencias podían ser devastadoras para D. Vicente.

            El Magistrado Orga Larrés es miembro del C.G.P.J. a petición del P.P. D. Vicente está casado (eso me han dicho) con la hermana del que fue presidente de la Comunidad Autónoma de La rioja, D. Pedro María Sanz Alonso, a quien se le abrieron diligencias previas por un delito urbanístico que fue archivado. ¡Sí! ¿Saben por quién? ¡Exacto! Por Orga Larrés, que como decano de los jueces de Logroño se cambió de juzgado para dar carpetazo al asunto de su mecenas del P.P. y cuñado del director de la cárcel de su competencia.

            Estos son nuestros jueces de vigilancia penitenciaria. Estos son quienes deben poner límites a esos abusos, a esas torturas, a esas defraudaciones y a esas violaciones constantes de los Derechos Fundamentales de los presos.

            Lo mismo podemos decir de las juezas de vigilancia penitenciaria del Nº 5 de Madrid. Lucía Torroja y su antecesora María del Prado Torrecilla. Podéis teclear sus nombres en internet y veréis qué joyas. Sanciones, ceses, politiqueos varios, terceros grados a dedo, presidentas del tribunal de la oposición a jurista de Instituciones Penitenciarias, con dietas y etcs.

            En el año 2022, volviendo de un permiso a la cárcel de Estremera, me compré una revista pornográfica, un CLIMA, una revista que tiene su número de registro y que lleva en nuestros quioscos más de cuarenta años. ¡Me la quitaron en ingresos! ¿motivo? Ninguno. Me dieron un recibo.

            Recurrí a Su Señoría. El informe del centro decía que no se me había retenido ninguna revista, que eso no era cierto. Que nunca se requisan publicaciones con número de registro y venta libre. ¿Quién emitió ese informe falso? El Sr. Valdivieso. El “baranda”, el Marqués de Estremera. ¿Qué hizo la jueza? Darle la razón a pesar de que yo presenté el recibo que demostraba que el director mentía.

            Esos son nuestros jueces de vigilancia penitenciaria, gentuza sin formación en la 99% de los casos, (Ni en el grado de Derecho ni en la escuela jurídica se da ninguna formación específica sobre Derecho Penitenciario que se salga de la LOGP y el Reglamento, normas que una vez aprendidas se pasan por el Arco del Triunfo). Gentuza que dictan sus resoluciones mirando tan sol por sus intereses personales y los de sus amiguetes, allegados y mecenas. Gentuza que viven por y para quienes les paguen los cursos, las conferencias y ser parte de los tribunales de las oposiciones.

            Y digo que en el 99% de los casos, porque he sido testigo que existen jueces de vigilancia que se han preocupado en estudiar, se han tomado en serio su trabajo y dictan autos bastante bien elaborados, pero que todavía siguen dando por sentado que lo que les dicen los directores y los equipos técnicos de las prisiones es cierto a pies juntillas.

            Todo aquel que ha sido testigo de un delito, por mínimo que sea, y lo ha dejado pasar, es tan culpable como el que lo ha cometido.

1 Comment

  1. Eres un artista que grandes verdades.
    Da igual lo que aportes como prueba siempre es así pero nadie pone freno a esta situación y lo que pueden, hacen com sino fuera con ellos.
    Para nosotros queda estas vivencias las cuales me han hecho NO creer en la justicia.

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