Ana Ferrer aspira a presidir la Sala Penal del Supremo 25 años después del magistrado progresista José Jiménez Villarejo

Afiliada a Juezas y Jueces para la Democracia, competirá con el magistrado Andrés Martínez Arrieta, vinculado a la Asociación Francisco de Vitoria

ERNESTO EKAIZER / El Periódico de Catalunya

*Los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer García son los candidatos aspirantes -este lunes 11 de noviembre vencía el plazo para presentarse- a ocupar la plaza vacante de la presidencia de la Sala Segunda, encargada de instruir y enjuiciar causas contra el presidente del gobierno, diversas autoridades y aforados. No ha habido “paracaidista” de última hora.

* El magistrado Manuel Marchena deja la presidencia tras ejercer un primer mandato de cinco años (2014- 2019) y ser renovado por un segundo (2019-2024) después de ver abortado, en noviembre de 2018, el pacto PP-PSOE para ser presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por primera vez en su historia, la Sala Segunda (Sala Penal) del Tribunal Supremo registra a una magistrada aspirante para presidirla.

Este lunes 11 de noviembre ha quedado confirmado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que Ana Ferrer García (Madrid, 1959) y Andrés Martínez Arrieta (Logroño, 1955) aspiran a ocupar la presidencia que quedará vacante el próximo 5 de diciembre, cuando caduca el mandato de Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959), quien deja el mando después de ejercerlo durante diez años, siguiendo de magistrado en dicha sala.  

Ana Ferrer García intentará no ser solamente la primera mujer presidenta de la sala sino, también, la primera magistrada progresista en hacerlo después del breve mandato -dos años- del “último progresista” que presidió esta sala, el magistrado José Jiménez Villarejo, nombrado en 1997 hasta su jubilación, en 1999.

Ferrer recaló en la Audiencia Provincial de Madrid en 1996 y asumió la presidencia de la misma en 2009 hasta que en febrero de 2014 el CGPJ la nombró magistrada la Sala Segunda del Supremo, primera mujer entronizada en la sala penal.

Ana Ferrer siente, según comentarios privados, que ha llegado “su momento” de presidir la Sala Segunda para la que tiene planes —lleva en la misma diez años- que expondrá ante la comisión permanente del CGPJ durante el proceso habitual  de comparecencias de los aspirantes, que tendrá lugar en las próximas semanas. Marchena desea dejar el cargo el 5 de diciembre.

Dos candidatos progresistas ya lo intentaron antes.

En junio de 1999, el magistrado José Antonio Martín Pallín, se presentó para ocupar la presidencia que dejaba Jiménez Villarejo, pero el magistrado conservador Luis Román Puerta obtuvo los doce votos (tres quintos necesarios) con el respaldo sin fisuras de los vocales de la derecha, incluyendo al entonces presidente Javier Delgado; Martín Pallín sacó cinco votos.

Al vencer los cinco años de Román Puerta, volvió Martín Pallín a presentarse en 2004 -aunque se retiró tras criticar el “mercadeo de cargos judiciales”, el “intercambio o mercadería” en el seno del CGPJ-, pero le ganó el magistrado Juan Saavedra, miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, quien, después de varias votaciones, obtuvo los votos necesarios. 

 Y en 2009, otro candidato progresista lo intentó sin éxito: Joaquín Giménez. Obtuvo seis votos frente a los 13 que consiguió en primera votación Saavedra, quien cumplió un segundo mandato de cinco años. En 2014, cogió el testigo el magistrado apoyado por la mayoría conservadora, Manuel Marchena, quien venció a los candidatos Miguel Colmenero, conservador, y Cándido Conde-Pumpido, progresista.

 Mira por dónde, aquella contienda, permitió airear algunas propuestas sobre el funcionamiento de la Sala Segunda ante la comisión permanente del CGPJ, ante la que comparece cada candidato.

Va de suyo que las propuestas no iban a decidir nada en 2014.

Porque el rodillo de Carlos Lesmes, el entonces zar o seleccionador conservador, ya tenía a su GAL (Grupo de Amigos de Lesmes) en acción. Y Marchena -a quien Lesmes había ganado la partida de presidente del Supremo y CGPJ en 2013- era el candidato.

Pero quizá a la luz de la nueva competición que se avecina ahora entre Ferrer y Martínez Arrieta -cuya relación según ambos han dejado saber a sus amigos es de gran admiración mutua- merecen la pena evocar.

Fue en septiembre de 2014 cuando Conde-Pumpido expuso ante Lesmes y miembros de la comisión permanente el tema de la imparcialidad en el funcionamiento de la Sala Segunda.

“Habría que reforzar las garantías y concretamente deberíamos asegurar una separación absoluta entre la función de instruir y la de juzgar”, explicó el entonces aspirante sabiendo que estaba derrotado de antemano.

“Los miembros de la Sala de Admisión [de la Sala Segunda del Tribunal Supremo] no deberían integrarse en ningún caso en el tribunal de enjuiciamiento”, señaló.

¿Qué es la Sala de Admisión?

Si se ejemplifica se puede entender mejor.

Esa Sala es la que decidiría, por ejemplo, admitir a trámite la querella criminal por presunto delito de rebelión contra los dirigentes independentistas de Cataluña presentada por el Fiscal General del Estado José Manuel Maza el 31 de octubre de 2017.

La citada sala era presidida por el presidente de la Sala Segunda, Marchena, y los magistrados Luciano Varela, Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Julián Sánchez Melgar.

Bien.

Volvamos a Conde-Pumpido en 2014.

“Tenemos sobre esto [la Sala de Admisión] una decisión muy importante de la Sala del 61 del Tribunal Supremo [integrada por los presidentes de cada una de las cinco salas, más otros magistrados]. El auto de 20 de junio de 2011 dictado en el caso del juez Baltasar Garzón ya estableció que el auto de admisión puede en determinados supuestos representar una causa de incompatibilidad para participar en el enjuiciamiento, una pérdida de imparcialidad y en ese caso se acordó la recusación del presidente y de los demás magistrados”.

 Ese incidente, en efecto, llevó a un cambio: la creación de una Sala de Recursos, separada de la Sala de Admisión.

Pero Conde-Pumpido advertía: “Se sigue manteniendo la posibilidad de que la Sala de Admisión participe y, además, normalmente, de acuerdo con la Sala de Gobierno [del Tribunal Supremo] acaba siendo el tribunal de enjuiciamiento”.

En el ejemplo citado, que confirmaría tres años más tarde la advertencia de Conde-Pumpido en 2014,

Los cuatro magistrados que habían admitido la querella en la Sala de Admisíón (Marchena, presidente y ponente; Varela; Martínez Arrieta y Berdugo) pasaron a integrar la Sala de Enjuiciamiento (tribunal), formando una mayoría de 4 a los que unieron otros tres: Antonio Del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo.

Y el presidente del tribunal y ponente de la sentencia: el presidente de la Sala Segunda, Marchena.

¿Cómo separar completamente la admisión, por un lado, y el enjuiciamiento, por el otro, para garantizar la imparcialidad, intentó contestar en 2014 Conde-Pumpido?

Proponía tres cambios en el sistema de reparto.

“Hacer la Sala de Admisión íntegramente rotatoria. No tiene ningún sentido que el propio presidente (de la Sala Segunda) integre permanentemente una determinada sección, de la misma manera que, en el reparto de todos los demás asuntos, el presidente, que es primus inter pares, rota con el resto de magistrados también el asunto de la Sala de Admisión debería rotar con los magistrados a los que corresponde por turno”.

Según explicó el entonces aspirante “de esta manera, el presidente, al no estar siempre en la Sala de Admisión podría participar en su caso en la Sala de Enjuiciamiento [el tribunal]. Por tanto, la Sala de Admisión sería íntegramente rotatoria”.

 La segunda iniciativa, explicó, sería la de “unificar la Sala de Admisión y la Sala de Recursos”.

En el sistema vigente existe una Sala de Admisión de causas especiales, una de Recursos que resuelve los recursos contra el juez instructor [de la Sala Segunda] y una Sala de Enjuiciamiento [tribunal].

Según Conde-Pumpido, la Sala de Admisión y la de Recursos debería ser una sola.

“De esta manera tenemos una sala que se encarga de toda la instrucción, de admitir y resolver los recursos, y una sala que está libre para el enjuiciamiento”, señaló.

 La tercera pata de la reforma: cómo nombrar a los miembros de la Sala de Enjuiciamiento o tribunal.

“Serían en todo caso designados por un turno absolutamente riguroso, y en ningún caso, naturalmente, los miembros de la Sala de Admisión y de la Sala de Recursos, que sería única, podrían participar en ella”, subrayó.

“Creo que con esto se ganaría en imparcialidad y también en neutralidad en el tema del enjuiciamiento de aforados. El presidente [de la Sala Segunda], que es primus inter pares, gozaría de esta manera de una mayor neutralidad y garantizaríamos una separación absoluta entre instrucción y enjuiciamiento” concluyó Conde-Pumpido.

Sería deseable que el funcionamiento de la Sala Segunda sea ahora objeto de propuestas ya que desde el momento en que se formularon las iniciativas descritas, en septiembre de 2014, nada ha cambiado. (Y en la instruccíón y enjuiciamiento del procés habrá que ver el veredicto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo)

El magistrado Martínez Arrieta, afiliado a la Asociación Francisco de Vitoria, conoce profundamente el funcionamiento de la Sala Segunda. Fue el magistrado más joven, con 43 años, que en 1998 ingresó en ella. Ahora tiene 69 años y cumplirá 70 ( la edad de jubilación de los magistrados que pueden extenderla hasta los 72), el 13 de abril de 2025.

Ana Ferrer, 65 años, tiene por delante hasta su jubilación los cinco exactos años de duración del mandato de la presidencia.

Y cree que ha llegado su hora, por su doble condición: mujer y progresista.

Y por último y no por ello menos relevante también por su experiencia acumulada durante diez años en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.