Hoy: 14 de noviembre de 2024
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha notificado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que no podrá asistir a su citación judicial del próximo 18 de noviembre, ya que estará en Brasil como parte de la delegación oficial que participará en la cumbre del G-20.
Este compromiso internacional, que incluye una invitación oficial enviada por la primera dama de Brasil, Janja Lula da Silva, es el motivo por el cual Gómez solicita la postergación de su citación judicial. En el documento presentado, la defensa asegura que Gómez ya tiene conocimiento de la querella interpuesta por la organización Hazte Oír y recalca que, según su criterio, no es necesario que esta notificación sea en persona para resguardar su derecho a la defensa.
En el escrito dirigido al juez Juan Carlos Peinado, la defensa de Gómez argumenta que la citación no requiere de una nueva notificación personal y que no existe una normativa que exija este procedimiento en persona para la querella. En relación con el caso, el juez Peinado investiga a Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, además de la acusación de apropiación indebida de un software perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según la denuncia de Hazte Oír.
La invitación formal fue enviada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y destaca la participación de Gómez en diferentes actividades del G-20. En la carta, Janja Lula da Silva le ofrece un asiento en la sala plenaria y acceso a espacios de reuniones bilaterales, lo que confirma la participación de Gómez en esta cumbre internacional. En su respuesta, Gómez agradeció la invitación y destacó el valor de esta oportunidad para colaborar en temas de interés global, resaltando el diálogo como medio para abordar los desafíos entre naciones.
En paralelo a estos acontecimientos, el juez Peinado amplió su investigación sobre Gómez el pasado 29 de octubre, tomando en cuenta la querella adicional de Hazte Oír que acusa a la esposa del presidente de apropiación indebida en relación con un software desarrollado para un programa académico de la Complutense, donde ella ejercía como codirectora. Este programa, el Máster en Transformación Social Competitiva, es señalado como el destino de dicho software, que habría sido desarrollado sin coste para la universidad.
La situación se tornó más compleja en junio, cuando la Audiencia Provincial de Madrid ratificó que el juez Peinado tenía competencia para instruir este caso tras una serie de decisiones judiciales sobre la jurisdicción competente. Aunque la Fiscalía inicialmente objetó que el caso fuera asignado a Peinado, la Audiencia desestimó el recurso, estableciendo que existe una “conexidad” entre los hechos investigados en torno al máster de la UCM y la presunta apropiación indebida del software. Esta conexión, argumentan, sustenta la competencia del Juzgado de Instrucción número 41 para investigar la querella completa.