Julio Iglesias presenta una demanda contra Yolanda Díaz por acusarle de abusos y esclavitud laboral

El artista exige una rectificación pública y defiende su derecho al honor tras considerar que las declaraciones de la vicepresidenta constituyen un juicio paralelo sin respaldo judicial

El cantante Julio Iglesias ha iniciado acciones legales contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tras unas declaraciones públicas en las que lo vinculaba con supuestos abusos sexuales y una presunta situación de esclavitud laboral hacia trabajadoras de su entorno doméstico. La decisión marca un nuevo capítulo en una polémica que ha trascendido el ámbito mediático para situarse en el terreno judicial.

Según el escrito presentado por su defensa, el artista considera que las afirmaciones realizadas por la ministra de Trabajo no solo dañan su honor, sino que constituyen expresiones injuriosas y calumniosas. En concreto, se solicita una rectificación pública y una eventual indemnización por el perjuicio reputacional causado. De no producirse esa rectificación, la representación legal de Iglesias advierte que podría interponerse una querella formal.

La controversia se originó después de que Díaz compartiera en redes sociales una información relacionada con denuncias de extrabajadoras del cantante. Acompañó la publicación con comentarios especialmente duros, aludiendo a testimonios “escalofriantes” y a una estructura de poder basada en la agresión permanente. Posteriormente, en una intervención televisiva, reiteró su preocupación por lo que describió como una situación de extrema vulnerabilidad de las trabajadoras, según Europa Press.

Sin embargo, la Fiscalía ya había archivado la denuncia presentada por esas extrabajadoras al considerar que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para investigar los hechos, lo que dejó el caso sin recorrido procesal en España. Este punto es clave en la estrategia jurídica del cantante.

La batalla por el honor y el juicio paralelo

El núcleo de la demanda se centra en lo que la defensa de Iglesias califica como un “juicio paralelo” promovido por una autoridad pública. En el escrito se subraya que, al tratarse de una alta representante del Estado, sus palabras adquieren un peso institucional que puede influir de forma determinante en la opinión pública.

Para el entorno del artista, las declaraciones de Díaz transmitieron un claro prejuicio de culpabilidad, pese a que no existe una resolución judicial que avale tales acusaciones. Desde esta perspectiva, el conflicto no es solo político o mediático, sino también una cuestión de derecho al honor, a la imagen y a la presunción de inocencia.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre la libertad de expresión de los cargos públicos y la responsabilidad que conlleva pronunciarse sobre asuntos sensibles sin respaldo judicial firme. En una sociedad hiperconectada, donde las redes sociales amplifican cada mensaje, una declaración puede tener consecuencias inmediatas y difíciles de revertir.

Mientras tanto, la demanda abre un escenario de tensión institucional poco habitual: un artista de proyección internacional frente a una vicepresidenta del Gobierno. Más allá del desenlace judicial, el caso invita a reflexionar sobre el poder de la palabra, la prudencia en el debate público y la importancia de que las controversias se resuelvan en los tribunales, y no únicamente en el espacio mediático.