La jueza de la DANA pide imputar a Carlos Mazón

La magistrada eleva al TSJCV una exposición razonada al apreciar indicios de posible negligencia en la gestión de la emergencia que dejó 230 víctimas mortales

La investigación judicial sobre la gestión de la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024 ha entrado en una nueva fase. La jueza instructora de Catarroja ha decidido elevar una exposición razonada de 109 páginas a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en relación con el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Se trata de un movimiento clave que abre la puerta a su posible imputación.

La tragedia dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia y marcó un antes y un después en la memoria colectiva. Según expone la magistrada, el fenómeno meteorológico no fue imprevisible. Al contrario, sostiene que estaba anunciado con días de antelación y que el momento más crítico, aquella tarde del 29 de octubre, también había sido advertido. En su análisis, subraya que la investigación sobre una posible negligencia en la gestión no puede limitarse únicamente a cargos intermedios.

La jueza considera que existen elementos que apuntan a una posible inactividad negligente en la cúpula autonómica, lo que justificaría que el alto tribunal valore si procede investigar formalmente a Mazón. Al mantener su acta de diputado en Les Corts, el expresidente es aforado, por lo que solo el TSJCV puede decidir sobre su situación procesal.

El foco en la gestión autonómica y las alertas a la población

Desde el inicio de la causa, la instrucción ha puesto el acento en la responsabilidad de la Generalitat como mando único de la emergencia. En el procedimiento ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su entonces número dos, Emilio Argüeso. Sin embargo, la magistrada entiende que la dimensión de lo ocurrido obliga a analizar también la actuación del máximo responsable político de aquel momento.

Uno de los aspectos centrales del caso es la supuesta falta de avisos eficaces a la población ante las crecidas violentas del barranco del Poyo y del río Magro. Según la instructora, la clave no reside únicamente en la intensidad de las lluvias, sino en cómo se gestionó la información y qué decisiones se adoptaron para proteger a la ciudadanía.

La investigación también descartó la responsabilidad penal del Gobierno central y de organismos estatales, centrando así el núcleo del procedimiento en el ámbito autonómico. Un auto posterior de la Audiencia Provincial permitió ampliar el margen de indagación en relación con el expresidente, lo que ha desembocado ahora en este paso formal hacia el TSJCV.

Más allá del recorrido judicial, el proceso tiene una dimensión profundamente humana. Las familias de las víctimas buscan respuestas y, sobre todo, claridad sobre si la tragedia pudo mitigarse. El tribunal superior deberá decidir ahora si los indicios expuestos justifican abrir una investigación formal contra Mazón. Lo que está en juego no es solo una posible responsabilidad penal, sino también la reflexión sobre la responsabilidad pública en situaciones de emergencia extrema.