Hoy: 26 de febrero de 2025
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy los convenios entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para implementar una línea de préstamos y avales destinada a la promoción de vivienda social en régimen de alquiler asequible. Estos acuerdos incluyen la facilidad para promoción de vivienda social y la gestión de avales por cuenta del Estado.
Estas iniciativas movilizan un total de 6.000 millones de euros a través del ICO para la construcción de viviendas de alquiler asequible. Esta suma se divide en dos líneas de inversión: 4.000 millones de euros en préstamos para promotores públicos y privados, financiados por la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 2.000 millones de euros para avalar hasta el 50% de estos préstamos, gestionados por el ICO y promovidos por el Gobierno de España.
El acuerdo fue firmado el 31 de julio en la sede del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También asistieron la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; y el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo. Durante el evento, Sánchez resaltó la importancia de esta inversión de 6.000 millones de euros, vinculando 4.000 millones de euros a fondos europeos del Plan de Recuperación y destacando el compromiso del gobierno con la vivienda como un pilar del Estado del Bienestar.
La línea de préstamos de 4.000 millones de euros se dirige a proyectos que incrementen el parque de viviendas de alquiler social o asequible, incluyendo la construcción nueva y la rehabilitación, así como la compra de suelo o edificios. Las operaciones elegibles deben cumplir con las condiciones establecidas y ser solicitadas antes del 1 de junio de 2026, formalizándose antes del 31 de agosto de 2026.
Los proyectos pueden financiarse a través del ICO o entidades financieras adheridas, con el ICO movilizando inicialmente 2.000 millones de euros y las entidades financieras otros 2.000 millones, ajustándose esta distribución según la demanda. El ICO evaluará los requisitos y el riesgo de las operaciones que financie directamente, mientras que las entidades financieras seguirán sus propias políticas de riesgo.
Las viviendas construidas con estos préstamos deberán destinarse al alquiler social o asequible por un mínimo de 50 años. Los proyectos deberán cumplir con plazos específicos de finalización y requisitos climáticos, reduciendo significativamente el consumo de energía primaria no renovable.
Además, el 27 de diciembre de 2023, el Consejo de Ministros aprobó una línea de avales que cubre hasta el 50% del capital del préstamo, gestionada por el ICO y gratuita, vigente durante el periodo de amortización del préstamo o hasta 30 años.