Hoy: 25 de noviembre de 2024
La Guardia Civil investiga a 11 personas por comercializar más de 40 toneladas de miel de origen chino que superaban la cantidad máxima de pesticida autorizada en Europa, lo que representa un riesgo para la salud pública.
La empresa investigada falsificó documentación para burlar los controles sanitarios y vendió la miel como ecológica certificada, a pesar de contener niveles de pesticida superiores a los permitidos.
Las investigaciones comenzaron en 2022 gracias a la colaboración ciudadana, que alertó al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) sobre posibles irregularidades cometidas por una de las mayores empresas del sector en España, dedicada a la importación y exportación de miel a nivel internacional.
Los guardias civiles analizaron 250.000 archivos y más de 5.000 correos electrónicos de la empresa, confirmando los delitos. De esta manera, se comprobó que la empresa, para eliminar la presencia de este pesticida, mezcló la miel china con otra procedente de un país europeo con el objetivo de diluir la concentración.
Tras esta investigación, la Guardia Civil ha podido acreditar que varios lotes de miel ecológica de procedencia china estaban afectados por el pesticida y se habían falsificado para su posterior venta.
Consecuentemente, las autoridades europeas, alertadas por la Guardia Civil sobre estas importaciones de miel, han activado los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria y ha impedido que se siga comercializando este producto.
Los investigados enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, falsedad documental y delitos contra la salud pública.
La Operación Matrihoney, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Paterna (Valencia) y ejecutada por el SEPRONA de la Comandancia de Valencia, ha contado con el apoyo de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil y con información de la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana.
Me parece muy vergonzoso que no digan el nombre de la empresa comercializadora. Creo que es un derecho de los consumidores conocer esos datos para poder actuar en consecuencia