Los ocho recursos que ha puesto Begoña Gómez ante la Audiencia de Madrid buscan estrangular la investigación del juez Peinado

El equipo jurídico que defiende de los delitos de tráfico de influencias y corrupción a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tiene interpuestos en este momento ocho recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid. Cada vez que el juez dicta una resolución, el abogado de Begoña, Antonio Camacho (un exfiscal de Madrid convertido ahora en abogado y que fue ministro de Interior en el Gobierno de Zapatero) presenta un recurso ante la Audiencia Provincial.

Y prácticamente los ocho recursos ya interpuestos tienen un mismo denominador común: estrangular y acotar hasta casi la nada la investigación sobre Begoña Gómez que desarrolla el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado.

¿Cómo quiere estrangularla? Insistiendo una y otra vez a la Audiencia para que perfile el radio de acción de la investigación de Peinado. Cuantas menos asuntos y flecos pueda investigar, menos posibilidades hay de fundamentar los delitos que se atribuyen a Begoña Gómez. Esta es la estrategia de Camacho, otrora también delfín en la Fiscalía de Madrid del exministro socialista de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

La Audiencia de Madrid, instancia jerárquica superior al juez, ya limitó en una ocasión el objeto de la investigación y dictaminó que determinados hechos que figuraban en la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias, el que ha activado la investigación judicial contra Begoña Gómez, debían ser investigados por las fiscales que representan a Europa en España, al tratarse de hechos relacionados con dinero procedente de los fondos comunitarios.

El tribunal de la Audiencia de Madrid dejó claro, tras el primer recurso de la defensa, el ámbito de actuación del juez Peinado. Eso sí, tras aseverar que existían indicios delictivos en la conducta de la esposa de Sánchez y que determinados hechos debían investigarse.

Investigación laminada

Laminada parte de la instrucción del juez, el equipo de Camacho no ha parado. Sigue incidiendo con su retahíla de nuevos recursos en que la Audiencia de Madrid delimite aún más el marco de actuación del juez Peinado. Es una forma, señalan fuentes jurídicas, de dejar vacía la causa si la Audiencia accediera a las pretensiones del letrado Camacho.

Incluso las defensas, en la estrategia de ceñir la causa a la nada, han llegado a decir que el juez Peinado estaba realizando una investigación prospectiva sobre Begoña. La fiscalía de Madrid, que ha trastocado su papel acusador para convertirse en un abogado más de Begoña (“¿De quién depende el fiscal general?”, se jactó Sánchez durante una entrevista para dejar claro que su Gobierno era el que mandaba sobre los fiscales), ha llegado a hablar de investigación prospectiva.

Olvidando, por ejemplo, que “prospectiva”, según fuentes jurídicas, “esta siendo la investigación que la fiscalía tiene desatada con el comisario Villarejo, a quien, a raíz de una denuncia por un tema de Guinea, se le han abierto más de medio centenar de piezas separadas”, recuerdan estos medios. ·”A villarejo sí se le ha investigado casi toda su vida”, añaden.

Las citadas fuentes sugieren que, al igual que hizo el juez Castro con el caso Nóos de la infanta o se ha hecho con Villarejo, precisamente eso es lo que debería hacer el juez Peinado en el caso Begoña; esto es, abrir piezas por cada uno de los hechos delictivos que se atribuyen a la esposa de Sánchez. El objetivo es blindar la causa ante cualquier petición de nulidad que pudiera suscitarse en las diligencias con la finalidad de derribar toda la investigación.

Begoña Gómez está siendo investigada por tráfico de influencias; es decir por haber intercedido supuestamente ante su marido o subordinados de este, toda la Administración del Estado, para conseguir subvenciones públicas para sus amigos.

Uno de ellos es Carlos Barrabés, su socio y mecenas de la cátedra que arbitrariamente le dio la Universidad Complutense a Gómez sin ostentar esta ninguna titulación superior. Se la convirtió en catedrática y desde allí ella trabajó para obtener subvenciones destinadas a personas de su entorno. Durante parte de su vida, Gómez fue la contable y cajera de las saunas gais que tenía su padre, Sabiniano Gómez, en la Comunidad de Madrid.

El próximo lunes el juez tiene previsto interrogar por segunda vez a un hombre clave en toda esta trama, Carlos Barrabes, socio de Begoña Gómez y cuyas empresas han conseguido cerca de 23 millones en subvenciones de las arcas públicas. La primera vez que declaró Barrabés lo hizo en calidad de testigo.

El juez ha cambiado a Barrabés su estatus procesal de testigo a imputado. Barrabés dijo la primera vez que declaró que mantuvo en La Moncloa ocho reuniones con su socia Gómez y que en dos ocasiones estuvo presente en ella el presidente Pedro Sánchez. Barrabés está enfermo, por eso el juez, el lunes, se desplazará o bien al hospital o bien a su casa para preguntarle, esta vez como imputado, de qué hablaron él, Sánchez y Begoña Gómez en esas dos reuniones celebradas en el palacio de La Moncloa.

El juez tiene cita el próximo martes con el presidente Sánchez para interrogarle sobre los negocios de su esposa y si él ha influido en las subvenciones que Gómez pidió y consiguió tanto para Barrabés como para otras personas de su entorno. Sánchez, acogiéndose a su condición de presidente, ha escrito una carta al juez en la que pide beneficiarse de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le permiten declarar por escrito. Es decir, que el juez le haga preguntas por escrito y él se las responde por escrito.

Eso lo anunció Sánchez ayer, tras saber que el juez había dado orden a los técnicos informáticos de los juzgados para que instalasen cámaras y micros en la dependencia de La Moncloa que Sánchez designase para el interrogatorio. Pero Sánchez no quiere cámaras en La Moncloa y por eso se ha acogido, en su doble condición de presidente y esposo de la imputada Begoña Gómez, a su derecho a responde por escrito a las preguntas que le formule el juez.

El juez aún no ha respondido a la petición de Sánchez de declarar por escrito. Y aun no está decidido si el lunes se desplazará o no a La Moncloa, junto con la comisión judicial, para protocolizar judicialmente la decisión de Sánchez. Fuentes jurídicas creen que la treta del presidente pasa porque el juez le envíe las preguntas y luego él verá si las responde o no.

La estrategia de Sánchez, creen los citados medios, pretende obligar al juez a que pida a las partes las preguntas que desean formular al presidente, junto con las que estime el propio juez, y remitirlas a La Moncloa para que Sánchez las responda. Y el temor es que, tras serle entregadas al presidente las preguntas, este vuelva a dar otro giro de tuerca y entonces, valiéndose de su derecho a no declarar contra ningún familiar directo, se niegue a responderlas y se las devuelva vacías al magistrado Peinado.