Un juez anula la condena impuesta a un capitán del Ejército por un consejo de guerra franquista celebrado en 1940

El auto, el primero de estas características que se dicta en la Comunidad Valenciana, se aplica 84 años después del suceso gracias a la reforma de la Ley de Memoria Democrática

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alicante ha anulado la condena y las sanciones impuestas a un capitán del Ejército, ya fallecido, por un consejo de guerra franquista en 1940.

El auto, el primero de estas características que se dicta en la Comunidad Valenciana, aplica así la reforma de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 que afecta a los expedientes de la Ley de Jurisdicción voluntaria relativos a declaraciones judiciales de hechos pasados.

Esa reforma legal tiene como finalidad garantizar el derecho a la justicia en relación a las violaciones de derechos humanos producidas durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como procurar una reparación y un reconocimiento personal a quienes padecieron esa persecución.

El magistrado entiende que en este caso concurren todos los requisitos para acceder a la petición cursada por un hijo del militar represaliado y declarar el carácter ilegal y nulo tanto de la condena como de la sanción impuesta a su padre.

El militar, que había obtenido el grado de capitán, como primero del concurso de oposición, fue detenido el 31 de marzo de 1939 y juzgado después por el consejo de guerra por el delito de auxilio a la rebelión.

Finalmente, el 13 de septiembre de 1940, el consejo de guerra le condenó en Alicante a 20 años de reclusión menor y le degradó en su empleo al de sargento, es decir, suboficial, tras serle negado sus ascensos a alférez, teniente y capitán.

Su hijo presentó un expediente

El hijo del capitán presentó el pasado año un expediente de jurisdicción voluntaria para obtener una declaración judicial sobre la realidad y las circunstancias de hechos pasados determinados.

En su comparecencia en sede judicial, el demandante manifestó que su padre no tenía ideología y había prestado servicio “en distintos frentes”, cuando la sentencia del consejo de guerra justificaba la condena por motivos ideológicos, al señalar expresamente la “ayuda” que el procesado “prestó de manera no continua a la causa roja”.

El titular del Juzgado, con el informe favorable del Ministerio Fiscal, ha estimado ahora íntegramente la solicitud del demandante y, tras anular la condena, ha reconocido al militar represaliado su graduación como oficial del Cuerpo de Seguridad y Asalto en la escala de oficiales, con el empleo de capitán, que es el que ostentaba en el momento de la condena.

El auto del juez considera acreditado el “derecho legítimo” a que se reconozca y declare el “carácter ilegal y nulo” de la condena y de la sanción impuesta al militar. El hombre ascendió a capitán tras el curso de ascenso en la Academia Especial del Cuerpo de Benicàssim, el 1 de marzo de 1938, un año antes de la finalización de la Guerra Civil.

El 31 de marzo de 1939 fue detenido en Alicante, punto de encuentro de numerosos republicanos, tanto civiles como militares, una vez cayeron todos los frentes tras la entrada de las tropas franquistas en València.

El Puerto de Alicante, la última esperanza para huir al exilio

El Puerto de Alicante se convirtió en la última esperanza para huir al exilio. Archibald Dickson, el oficial del buque ‘Stanbrook’, logró salvar a 2.600 republicanos. Sin embargo, miles de vencidos fueron internados en campos de concentración cercanos a la ciudad antes de ser trasladados a otras cárceles de la España de posguerra.

El juez ha analizado la documentación relativa al capitán represaliado. El Consejo de Guerra, por un delito de auxilio a la rebelión, condenó al militar a 20 años de reclusión menor. La sentencia, dictada en Alicante el 13 de septiembre de 1940, justificó la condena en su captura en el puerto de Alicante con la intención de huir al extranjero y en la “ayuda que el procesado de manera no continua prestó a la causa roja”.

El hijo del militar, sin embargo, aseguraba que su padre “no tenía ideología”. El capitán fue degradado de su empleo (a suboficial). Sus ascensos a alférez, teniente y capitán le fueron negados por la dictadura franquista.

El Ministerio Fiscal se pronunció a favor de la concesión de la declaración judicial solicitada por el promotor del expediente, lo que conlleva la anulación de la condena y el reconocimiento de los cargos que ostentaba durante la República.

Reconocimiento de la graduación El auto del juez acuerda el reconocimiento de la graduación como oficial del Cuerpo de Seguridad y Asalto en la escala de oficiales con el empleo de capitán que ostentaba en el momento de la condena