EE UU examina las acusaciones contra un hijo del ex presidente de México y también se investiga a un empresario de su entorno

El hijo del expresidente López Obrador, al que Estados Unidos retiró el visado en agosto, está en el centro del escándalo del «huachicol fiscal». La Fiscalía mexicana sostiene que no tiene ninguna investigación abierta contra él ni contra su amigo

Andrés Manuel López Beltrán, «Andy», hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, está bajo la lupa de Washington.

Dos agencias de seguridad de Estados Unidos examinan acusaciones contra él por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, según The New York Times. El diario precisó que las agencias revisan los señalamientos, pero que hasta ahora no han abierto una investigación formal.

Según el mismo reportaje, López Beltrán recurrió a intermediarios para contactar a funcionarios de las fuerzas del orden estadounidenses.

La información llegó semanas después de que, el 13 de agosto, el gobierno de Estados Unidos le revocara el visado.

López Beltrán respondió con una carta a Donald Trump en la que pidió el despido del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau, y calificó la medida de acto «politiquero y propagandístico».

Una estrategia de la oposición

Ha negado todas las acusaciones y sostiene que forman parte de una estrategia de la oposición para dañar la imagen de su padre.

En paralelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó el 29 de agosto a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal por delitos fiscales contra Portacelis Gas and Oil, empresa de Tabasco vinculada a Jorge Amílcar Olán, empresario cercano a López Beltrán.

La FGR es el órgano constitucional autónomo encargado de investigar y perseguir los delitos federales en México, entre ellos los fiscales, el contrabando y la delincuencia organizada. Sustituyó en 2019 a la antigua Procuraduría General de la República y, a diferencia del modelo español, en el que instruye un juez, en México es la Fiscalía la que dirige la investigación y decide si lleva el caso ante los tribunales.

El daño fiscal estimado supera los 834 millones de pesos.

El esquema detectado consistió en introducir combustible en México en ferrotanques con información falsa en las declaraciones aduaneras, la modalidad conocida como «huachicol fiscal».

Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la agencia tributaria mexicana, centró los cargos en José Alonso Ulin Hernández como administrador vigente de la sociedad, no en Olán.

La fiscal general, Ernestina Godoy, salió al paso: la FGR aclaró que no existen órdenes de aprehensión ni carpetas de investigación abiertas contra Olán ni contra López Beltrán por estos hechos.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, lo reiteró el 6 de octubre en el Senado, a preguntas de la senadora del PAN Mayuli Martínez, e informó de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el organismo que rastrea operaciones de lavado de dinero, no ha sido requerida para investigar a Olán. Amador sí reconoció que la UIF tiene documentados expedientes relacionados con los señalamientos de la oposición sobre la presunta red de López Beltrán y Olán.

La versión oficial choca con otras informaciones. Según el periodista Carlos Loret de Mola, la UIF estaría investigando a Olán por una cuenta en UBS Switzerland con un saldo de 72 millones de euros, unos 1.433 millones de pesos, y esa vigilancia se habría iniciado a petición de Estados Unidos.

Olán fue localizado por TV Azteca en Lugano (Suiza) y, según una columna de Raymundo Riva Palacio, habría huido a Dubái tras ser descubierto.

Además, dos marinos convertidos en testigos colaboradores relacionaron a López Beltrán con la red de huachicol fiscal, según la defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna, procesado en esa trama.