Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han acusado a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, de haber roto de forma «consciente» el consenso que, según afirman, había regido el primer año de funcionamiento del renovado Consejo. Consideran que la reciente renovación de las comisiones supone «un golpe a la representatividad plural y una grave distorsión de la colegialidad institucional».
El CGPJ difundió este martes una nota de prensa oficial en la que ofrecía su versión sobre las renovaciones internas, incluyendo la de la Comisión Permanente, un órgano clave en la gestión diaria. Según el comunicado, los equilibrios iniciales entre sus miembros se «mantienen exactamente igual», sin alteraciones.
Según recoge Europa Press, los vocales progresistas discrepan de esa versión. Aseguran que los equilibrios sí se han roto, ya que varios de ellos han sido «incluidos y excluidos» de distintas comisiones, no solo de la Permanente, sino también de otras comisiones legales, reglamentarias y delegaciones del CGPJ.
Además, rechazan que se mantenga el equilibrio argumentado por el Consejo al contar con el vocal Carlos Hugo Preciado, a quien el sector conservador considera dentro de la cuota progresista. Sin embargo, sus antiguos compañeros no lo reconocen como tal, recordando que rompió hace tiempo la disciplina de voto y actúa como independiente.
La propuesta de renovación de las comisiones fue aprobada con el apoyo del bloque conservador y de Preciado, gracias al voto favorable de Perelló. La nueva composición deja la Comisión Permanente bajo control conservador, algo que ha tensado aún más las relaciones internas.
En su propio comunicado, los vocales progresistas, entre ellos el magistrado José María Fernández Seijo, quien presentó su dimisión a Perelló; denuncian que la presidenta del CGPJ «ha quebrado las condiciones básicas de confianza» que ella misma había defendido al inicio de su mandato. Además, según informa Europa Press, han señalado:
«Las posibilidades de conciliación familiar y respeto personal, que debían ser pilares del nuevo Consejo, han sido recortadas hasta desaparecer bajo una lógica de exclusión e imposición»
Para el sector progresista, esta «reorganización interna» supone:
«La ruptura consciente del consenso que había regido este primer año, un golpe a la representatividad plural y una grave distorsión de la colegialidad institucional»
Concluyen en su comunicado:
«Los vocales progresistas lamentamos profundamente este retroceso y advertimos de sus consecuencias. Reafirmamos nuestro compromiso con un Consejo plural, equilibrado, transparente y fiel a su mandato constitucional de garantizar la independencia judicial y el buen servicio público de la justicia»