Hoy: 23 de noviembre de 2024
Vox ha anunciado este lunes una iniciativa para intentar proteger como bienes de interés cultural todos aquellos que puedan verse afectados por la nueva Ley de Memoria Democrática, entre los que está el Valle de los Caídos.
En rueda de prensa, el vicepresidente de Vox Jorge Buxadé ha denunciado que el Gobierno está formado por “vándalos” que quieren “destruir la historia” con una ley que ve como “un ataque brutal” a la libertad ideológica, la de pensamiento, la de cátedra y la igualdad de los españoles.
Pero además, ha alertado de que esta ley “pone en riesgo” una parte del patrimonio histórico, artístico y cultural de España. “Obliga a la destrucción de elementos que supongan recuerdo de una parte de nuestra historia nacional”, ha lamentado avisando de que Vox no permitirá que “los vándalos” logren su objetivo “con excusa de su fanatismo ideológico”.
Por ello, el partido liderado por Santiago Abascal presentará en todas las instituciones en las que tiene presencia iniciativas para que las administraciones protejan como bien de interés cultural todos los edificios, inmuebles o elementos que se vean afectados por la ley.
Según ha recordado, el artículo 46 de la Constitución obliga a los poderes públicos a proteger el patrimonio histórico y cultural. “No podemos permitir que los vándalos del Gobierno se hagan con el espacio público”, ha insistido.
Buxadé ha reivindicado que, “con independencia de las opiniones personales sobre lo que ocurrió en la historia”, tras la Guerra Civil fue posible la “reconciliación”; y ha acusado ahora a “la izquierda” de querer reabrir todas las heridas y una vez reabiertas cancelar la historia y la cultura”.
Entre estos elementos se encuentra el Valle de los Caídos, que cree que “nadie en su sano juicio” puede “dudar” de que forma parte del patrimonio artístico y cultural de España y que además, ha recordado, acoge un colegio y una escolanía que realiza “una actividad extraordinaria” en favor del patrimonio musical europeo.
Además, ha confirmado que Vox recurrirá la Ley de Memoria Democrática ante el Tribunal Constitucional, aunque aún debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuyo retraso ha cuestionado.