Este viernes, Venezuela vivirá el inicio de un nuevo mandato presidencial, con el riesgo latente de volver a una situación de bicefalia en la que dos figuras se disputen la legitimidad del cargo. Nicolás Maduro insiste en tomar posesión pese a que el chavismo no ha publicado las actas que avalarían su teórica victoria, mientras que el opositor Edmundo González confía en el respaldo internacional para liderar una nueva etapa política en el país.
Maduro asumió el liderazgo del chavismo tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Su legitimidad se mantuvo en las elecciones de ese año, aunque por un margen estrecho frente a Henrique Capriles, pero la perdió para gran parte de la comunidad internacional en los comicios de 2018. En esa ocasión, Venezuela ya estaba bajo una fuerte represión y la oposición no participó al considerar que no había garantías mínimas.
En enero de 2019, coincidiendo con el inicio de un nuevo mandato de Maduro, Juan Guaidó se autoproclamó “presidente encargado” con base en su cargo como líder de la Asamblea Nacional y el respaldo de medio centenar de países. Seis años después, la historia parece repetirse, aunque con una oposición debilitada institucionalmente que ahora apuesta por las elecciones del 28 de julio de 2024. En esas elecciones, María Corina Machado surgió como líder opositora tras ganar las primarias, pero su inhabilitación llevó a buscar alternativas que culminaron con la candidatura del exdiplomático Edmundo González.
El 28 de julio, las tensiones dominaron la jornada electoral, con demoras en los resultados e irregularidades técnicas. Al final del día, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, proclamó a Maduro vencedor con el 51% de los votos, frente al 43% asignado a González. La oposición denunció fraude y presentó actas que, según ellos, demostraban una victoria clara para su candidato. Estas pruebas se publicaron en Internet, lo que llevó a que Machado y González fueran señalados por la Fiscalía venezolana.
Maduro consolidó su posición con el aval del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia, aunque sin publicar actas que sustentaran su victoria. Países aliados como Rusia, China y Cuba respaldaron su triunfo, pero figuras clave de la región como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva han mostrado dudas. Por otro lado, gran parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, no reconoce los resultados, y algunos países como Estados Unidos, Argentina e Italia han calificado a González como “presidente electo”.
Las protestas tras las elecciones, reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad, dejaron 2.400 detenidos inicialmente, aunque más de 1.500 han sido liberados según la Fiscalía. Aun así, la ONG Foro Penal reportó que 2024 terminó con cerca de 1.800 presos políticos en Venezuela. Organismos internacionales y líderes opositores temen que la represión aumente, especialmente tras detenciones simbólicas recientes, como la del yerno de González.
Mientras tanto, González, quien se refugió tras las elecciones en las embajadas de Países Bajos y España, optó por exiliarse en septiembre y pedir asilo en España. Desde allí, prometió regresar a Venezuela para tomar posesión este 10 de enero, aunque Maduro sigue aferrado al poder. “En algún momento, Maduro deberá acatar la soberanía popular”, declaró González desde España, aunque el chavismo no muestra intenciones de ceder.
Maduro, por su parte, defiende que ha evitado una “guerra civil” y denuncia supuestas conspiraciones externas lideradas por Estados Unidos. Mientras tanto, llama a sus seguidores a respaldarlo en una investidura que, según su versión, le dará otros seis años como líder legítimo del país.
González ha pasado los días previos buscando apoyos internacionales, especialmente en Estados Unidos y América Latina. Aunque muchos países reconocen que ganó las elecciones de julio, no todos han dado el paso de declararlo presidente electo. La Unión Europea ha optado por no respaldar a González oficialmente, limitándose a rechazar el triunfo de Maduro y a imponer sanciones contra figuras chavistas. España, por su parte, no enviará representantes a la toma de posesión en Caracas, a pesar de que su Congreso y Senado han instado al Gobierno a reconocer a González.
Con el inicio del nuevo mandato, Venezuela entra nuevamente en una fase de incertidumbre política, marcada por la pugna interna, la presión internacional y el riesgo de una mayor represión.