Una macrooperación policial permite liberar a 162 mujeres explotadas en prostíbulos de varias provincias

En la actuación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional han sido detenidas 37 personas en distintas ciudades del Mediterráneo

En una operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, han liberado a 162 mujeres que eran víctimas de una organización criminal que actuaban en distintas provincias de España.

Presuntamente, las explotaba sexualmente en inmuebles y locales que adquirían y convertían en prostíbulos.

Implicados y víctimas

La investigación comenzó tras la denuncia de tres víctimas que declararon haber sido explotadas sexualmente por varios individuos en distintas localidades de España. A partir de sus testimonios, los agentes iniciaron una serie de pesquisas que permitieron identificar una organización criminal.

Ésta se dedicaba a la explotación sexual de mujeres, y tenían su base principal en las tres provincias de la Comunidad Valenciana (Valencia, Alicante y Castellón). Esta red también había iniciado su expansión hacia otras zonas como Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona.

El grupo captaba principalmente a mujeres sudamericanas, tanto en España como en sus países de origen. En la mayoría de los casos, las víctimas se encontraban en situación de vulnerabilidad y sin permiso de residencia o trabajo. Eran obligadas a ejercer la prostitución en diferentes puntos del país.

Como resultado de la operación, han sido detenidas 37 personas. De ellas, 22 en Valencia, 4 en Málaga, 4 en Murcia, 4 en Castellón y 3 en Alicante.

Nueve de los arrestados han ingresado en prisión provisional. Además, se han realizado 39 registros en siete provincias distintas.

Reforma para la prostitución

La organización criminal alquilaba inmuebles y locales, ya fuera directamente o a través de sociedades mercantiles creadas para tal fin. Con el objetivo de camuflar su actividad, intentaban dar apariencia de legalidad presentándolos como centros de masajes. Pero estaban preparados solamente para el «final feliz».

Los espacios utilizados eran, en su mayoría, viviendas unifamiliares o locales comerciales, que eran reformados por miembros del grupo para convertirlos en habitaciones muy pequeñas donde las víctimas ejercían la prostitución.

En estos lugares, las mujeres dormían hacinadas, en literas o incluso en las mismas camas donde atendían a los clientes. Es más, los inmuebles solían estar cerrados, con deficientes condiciones de ventilación.

Cada uno contaba con encargadas presentes las 24 horas del día, encargadas de controlar a las víctimas, cobrar a los clientes, suministrar drogas cuando eran solicitadas y gestionar las llamadas telefónicas. Estas llamadas estaban vinculadas a los anuncios de prostitución en páginas web especializadas. Y las encargadas reportaban la actividad a los miembros de los niveles superiores de la red.

Condiciones de habitabilidad

Las víctimas se encontraban bajo estricto control. Solo podían salir dos horas al día, siempre por la mañana, y debían estar permanentemente disponibles.

Los principales responsables de la red vigilaban en tiempo real los locales mediante un sistema de videovigilancia instalado en el interior de todos los inmuebles utilizados para la prostitución.

Cada servicio se dividía al 50% entre la organización y la víctima. Aunque estas podían ser multadas por distintos motivos, reduciendo aún más sus ingresos.

Las mujeres eran rotadas y trasladadas entre los distintos locales según las necesidades del grupo. Además de los prostíbulos ya identificados, se comprobó que la red había iniciado su expansión a Cataluña, Murcia y Málaga, donde se habían habilitado nuevos inmuebles para continuar con la actividad delictiva.

Una organización bien estructurada

La investigación reveló que la red criminal estaba jerarquizada en tres niveles:

En la cúspide, se encontraban los líderes, unidos por lazos familiares y sentimentales. Eran propietarios o arrendatarios de los inmuebles y obtenían los mayores beneficios económicos.

El segundo nivel lo conformaban personas de confianza, encargadas de supervisar los locales, coordinar a las encargadas y recaudar las ganancias.

Y en el tercer nivel estaban las encargadas que vigilaban a las víctimas, además de conductores, reformistas de los locales y distribuidores de estupefacientes.

La operación concluyó con la entrada y registro de 39 inmuebles, de los que se incluyeron los domicilios de los once principales responsables y los locales utilizados para la explotación sexual. En total, se incautaron 141.000 euros en efectivo y tres vehículos.

Blanqueo de capitales

Asimismo, el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia inició una investigación patrimonial sobre la organización criminal y sus posibles delitos de blanqueo de capitales.

Se logró identificar a las personas físicas que controlaban las sociedades pantalla utilizadas para canalizar las ganancias obtenidas a través de la actividad delictiva.

Esta investigación sigue en curso. Actualmente se analizan informes bancarios y documentación incautada durante los registros domiciliarios, donde se encontraron libretas con la contabilidad, así como ordenadores usados por los líderes y sus colaboradores para gestionar las cuentas.

También ha sido clave la localización y bloqueo de bienes muebles e inmuebles. Además de más de 60 cuentas bancarias, todo ello intervenido con el objetivo de garantizar el posible decomiso de los activos vinculados a la red criminal.

No hay trato con la trata

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo [email protected] para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia (anónima y confidencial) de este tipo de delitos. Sin la preocupación del reflejo de la llamada en la factura telefónica.