El Partido Popular ha extendido su modelo aplicado hace diez meses a la dana de Valencia (esparcir la tinta del calamar hacia el Gobierno central) para justificar, como el 29 de octubre de 2024, la catástrofe que vivimos con la hoguera que asuela a los territorios de España con la pretendida, pero falaz, inacción del Gobierno central.
Del ‘Piove, porco governo’, en la dana, de Valencia, Feijóo ha pasado ahora al ‘Brucia, porco governo’.
Es decir, del “llueve, puerco gobierno” al “arde, puerco gobierno”.
Y aunque la cortina de humo es densa, habida cuenta de la cantidad e intensidad de incendios en agosto de 2025, solo una red mediática adicta puede ocultar la realidad: el Gobierno está ejercitando sus responsabilidades.
Cuando ha estallado un incendio se trata de movilizar todas las fuerzas y recursos para conseguir su extinción.
Pero en esta fase ya no se puede conjurar aquella fuente estructural que puede explicar la extensión y resistencia del fuego.
Y esa fuente estructural es la política de prevención, es el lugar que ocupa en cada comunidad autónoma el presupuesto de inversión para prevención.
Depende, pues, de la importancia que se le haya dado en su día.
Ya sabemos que la administración central y las comunidades autónomas (CCAA) han reducido de 374,18 millones de euros en 2012 a 175,8 millones los fondos destinados a prevención en 2022, según datos de Asociación Nacional de Empresas Forestales (AEMFO).
Lo mismo ha ocurrido con el maltrato consciente de los bomberos forestales, cuyas condiciones de trabajo y de salarios han sido victimas de esas políticas ‘neoliberales’, así como lo fue la inaplicación de la ley básica de bomberos forestales del 8 de noviembre de 2024.
Mientras tanto, las CCAA ‘neoliberales’, influidas por la política económica de rebajas y bonificaciones de impuestos, han dejado de ingresar cantidades que hubieran sido vitales para reforzar tanto los trabajos de prevención a lo largo del año como las condiciones laborales y salarios de los bomberos forestales.
La Constitución consagra que las CCAA son las que tienen las competencias en materia de prevención y extinción de incendios y los estatutos de autonomía así lo recogen.
Y estas competencias son desde luego irrenunciables.
Suponen obligaciones que pueden derivar, en caso de negligencia, en consecuencias legales.
El artículo 7.2.c) de la ley de Montes de 2003 establece que la administración del Estado es competente para el “establecimiento de las directrices comunes sobre formación en materia de extinción y prevención de incendios, en la normalización de los medios materiales, y de los equipamientos de personal de extinción de incendios forestales en todo el territorio español, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las CCAA, para la cobertura de los montes contra incendios”.
En una situación política normal –de rivalidad más o menos civilizada entre los partidos- el Gobierno puede haber decretado el Estado de emergencia nivel 3, dada la extensión de los incendios a los territorios afectados.
Pero cuando tenemos competencias consecutivas (CCAA/Estado) se requiere, siempre una condición: la lealtad.
El artículo 7.1 del Código Civil lo dice: “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”).
Una buena fe que en la España dd hoy brilla por su ausencia.
Que cuando el Estado interviene, llegado el caso, es un pretexto para endosarle las culpas.
En nuestra hoguera de agosto del 2025 esa intervención -el envío urgente de los agentes especializados en extinción de incendios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por el Ministerio de Defensa, del que dependen orgánicamente – ha sido, precisamente, utilizado como aprueba de que el Gobierno -que resolvió mandarles al frente- se había borrado de la escena y de las Comunidades Autónomas y el Ejército eran los “únicos que cumplen su misión”, Feijóo dixit, sobre la batalla contra el fuego.
Así se falsifica la historia de estas jornadas.
Información publicada por El Periódico de Catalunya