Un tribunal tumba la arbitrariedad del cónsul de España en Manila, que negó en cinco ocasiones a un español reunirse con su mujer

La Sala de lo Contencioso de Madrid condena al consulado filipino de Javier Martín García al pago de las costas del largo proceso que tuvo que emprender un granadino

Una sentencia del Tribunal Superior de Madrid arremete con dureza contra la gestión del cónsul de España en Manila (Filipinas), el diplomático español Javier Martín García.

Le condena por una arbitraria actuación que ha causado gran sufrimiento (su salud es delicada) al ciudadano granadino Miguel H., de 59 años, al que ha negado durante casi dos años el poder estar con su mujer, que se hallaba en Filipinas, Cherry P.

La sentencia es el final de un periplo que ha durado casi dos años, en el que Miguel H., pese a su endeble salud, ha tenido que coger un avión y hacer casi 40.000 kilómetros para ir al Consulado y pedir personalmente, ya no sabía qué hacer, el visado para que dejasen a su esposa reunirse con él en España.

Y una explicación del por qué, pese a la documentación oficial aportada por la pareja, se negaba sistemáticamente el visado a Cherry P. para encontrarse con su marido.

Una actuación que, según fuentes jurídicas, «es rayana en la prevaricación». Y más en un país donde a diario entran migrantes por doquier, agregan.

No solo ha generado dolor, la actuación profesional de Martín García incluso le va a costar dinero a las arcas del Estado.

El alto tribunal madrileño -su Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, en una ponencia del magistrado Francisco Javier Canaval Conejo- condena en costas por este asunto al ministerio que dirige el socialista José Manuel Albares.

Cherry B., pareja de hecho de Miguel H., realizó al menos cinco viajes de 600 kilómetros cada uno desde su ciudad hasta la capital Manila para solicitar un visado con el que viajar a España y poder reunirse con su pareja.

Miles de kilómetros

En dos de las visitas al consulado que dirige Martín García (bajo la supervisión del embajador Miguel Utray), el guardia de la legación ni siquiera la dejó entrar.

Sobre la mesa, el Consulado tenía documentos (incluso notariales, procedentes del marido, Miguel H., que vive en Granada) que acreditaban oficialmente que él y Cherry P., aunque no estaban casados, eran «una pareja de hecho» según la legislación europea y española.

Este ha sido uno de los argumentos que, desde 19.000 kilómetros de distancia, en mensajes al correo oficial del Consulado, ha hecho llegar a Filipinas el abogado de la pareja, el granadino Simón Oller Carrillo.

Y, en vista del casi mutis de la legación a sus escritos jurídicos en nombre del marido, Oller elevó el caso al Tribunal Superior de Madrid, que le ha dado la razón. E incluso ha impuesto al Consulado las costas del proceso, que tasa en 500 euros.

Es anormal que los jueces impongan costas a la Administración. Aquí lo ha hecho.

Las sucesivas negativas a conceder el visado a la esposa para reunirse con su marido, los jueces las consideran injustificadas atendidas las razones legales que una y otra vez, sin éxito, esgrimió la pareja.

Junta de Andalucía

Uno de esos documentos aportados era un escrito oficial de la Junta de Andalucía que acreditaba que Miguel H. y Cherry P. constituían «una pareja de hecho», debidamente inscrita en el registro.

En base a ello, Cherry P. pidió una y otra vez al cónsul que le facilitara un permiso para reunirse con su marido en Granada.

No lo expresa en estos términos la sentencia, pero de su tenor se infiere que Martín García no facilitó el visado a Cherry P. porque-no-le-dio-la- gana, pese a ser un servidor público que cobra al mes de las arcas del Estado más de 10.000 euros.

En la legación española de Manila, por otra parte, nadie ayuda a los usuarios a rellenar y documentar sus solicitudes.

Se impone a los interesados el acudir a una gestoría para que desde ella se tramiten las peticiones. Y esta cobra por ello 300 euros, un dineral en Filipinas.

Para recurrir las sucesivas negativas a conceder el visado, Cherry ha tenido que hacer dos pagos de 600 euros a esa agencia.

Hay fotos de actos y comilonas que dejan entrever la excelente relación que existe entre los responsables de esa agencia y el consulado de Martín García.

El falso fraude del cónsul

¿Por qué, una y otra vez, se denegó el visado bajo el argumento de que la unión entre Miguel y Cherry era un fraude? Eso es lo que insistentemente ha dicho por escrito Martín García

Y por lo que denegaba el visado.

Pero sin ninguna prueba. Este es uno de los muchos reproches que efectúa el Tribunal Superior de Madrid a la arbitrariedad del diplomático español Martín García.

Martín García «ni siquiera ha entrevistado» a los afectados antes de rechazar una y otra vez la solicitud de visado.

Es decir, deniega sin aportar ninguna prueba del supuesto fraude. Solo actuó la intuición del cónsul, errática, a juzgar por la sentencia.

Y también con ese inventado argumento echó por tierra el cónsul la veracidad del documento oficial de la Junta de Andalucía que los considera «pareja de hecho», análogo a un matrimonio. Es la normativa europea sobre el reagrupamiento familiar.

Una de las misiones obvias de un consulado es facilitar la vida a sus ciudadanos. No complicársela, y menos sin, como critica el tribunal, aportar una sola prueba.

«La resolución impugnada no contiene elemento alguno que pueda tenerse como indicio de tal posible fraude [en el matrimonio] ya que, ni siquiera, se llegó a realizar una entrevista a la pareja», razona el Tribunal Superior de Madrid.

En un organismo estatal democrático, es obligada la seguridad jurídica y huir de decisiones arbitrarias, y menos aún con sus propios ciudadanos.

Martín García no está facultado para reinventarse normas y deslegitimar un informe oficial de la Junta de Andalucía, donde claramente se hace constar que Miguel H. y Cherry P. sí son una pareja de hecho, así como el número de inscripción y demás circunstancias. Todo oficial.

El Tribunal Superior señala al respecto: «Entiende la Sala que el Consulado no puede revisar la resolución que ampara la inscripción registral de la pareja y ello porque supone una extralimitación de sus competencias, lo que se deduce del artículo 6.2 de la citada Ley en el que se expresa que la
inscripción registral producirá ante las Administraciones Públicas de Andalucía la presunción de convivencia de los miembros de la pareja de hecho, salvo prueba en contrario”.

La conclusión de la sentencia, que se acaba de hacer pública, es que el Consulado no puede reinterpretar la norma por su cuenta y tomar, como ha hecho durante casi dos años, decisiones inmotivadas e injustificadas, y menos procedente de un funcionario público.

Sobre este asunto, ha habido dos acontecimientos en los últimos días, tras casi dos años de recursos y más recursos seguidos de denegaciones, relevantes: la citada sentencia fue notificada ayer, el mismo día en que Cherry ha llegado por fin a España, acompañada de su marido, quien hace un mes viajó desde Granada a Manila para demostrar que no había tal fraude y que se otorgase de una vez el visado a su esposa.

Casi 40.000 kilómetros. Pese a su delicada salud. Y, por fin, hace algunos días se otorgó el visado, sin que nada hubiese cambiado respecto a los cinco escritos de la pareja denegados. Arbitrariedad.

Y todo por la fraudulenta intuición de un cónsul.