La ONU aprueba la instalación de un organismo internacional anticorrupción en Honduras

El acuerdo llegó el pasado 15 de diciembre de 2022 tras una reunión entre Naciones Unidas y la Administración hondureña

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha anunciado este viernes que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado una solicitud presentada por el país centroamericano por la que se otorga mandato al secretario general António Guterres para impulsar la constitución de un Organismo Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

«Mi solicitud a la Asamblea General de la ONU en su 78º período, fue aprobada como ‘Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras’, otorgando mandato para la CICIH», ha informado la mandataria en una publicación en la red social X en la que ha dado las gracias a los Estados miembro y al secretario general.

La mencionada resolución de la ONU contempla «con beneplácito el compromiso y los esfuerzos constantes» de Castro «para defender los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, reforzar el Estado de derecho, especialmente el acceso a la justicia, y luchar contra la corrupción, incluidos los continuos esfuerzos de colaboración con las Naciones Unidas encaminados a establecer un organismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras».

Asimismo, reafirma Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como «el instrumento más completo y universal contra la corrupción» e insta a «seguir promoviendo su ratificación o la adhesión» a la misma, así como «su aplicación plena y efectiva», según un comunicado del Gobierno hondureño.

El acuerdo de Naciones Unidas llega después de que, el pasado 15 de diciembre de 2022, la Administración hondureña y la ONU firmaran «un memorando de entendimiento que supuso el inicio de los esfuerzos para el establecimiento de un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad» en el país. Un memorando «en el que se reconoció que el establecimiento de dicho mecanismo estaría sujeto, entre otras cosas, a la existencia de un mandato emanado de uno de los órganos intergubernamentales de Naciones Unidas».