Hoy: 2 de diciembre de 2024
Un mes después del fatídico 29 de octubre, en que la fuerza del agua arrasó gran parte de la provincia de Valencia y acabó con la vida de 222 personas, según el último balance recogido por EP, los municipios de la zona cero luchan por dejar atrás la devastación con la mirada puesta en un horizonte lleno de necesidades acuciantes.
La imperiosa urgencia porque las ayudas lleguen cuanto antes a las personas afectadas y la petición de más maquinaria pesada para deshacerse de una vez del fango, son algunas de las reclamaciones más repetidas en estas localidades. Del mismo modo, son conscientes de que se enfrentan a un futuro donde habrá que poner el foco en la salud mental de la población para afrontar este trauma colectivo.
A pesar del mes transcurrido, las huellas de la tragedia son evidentes en calles, comercios e infraestructuras de los municipios afectados. La movilidad se ha ido recuperando poco a poco gracias a los trabajos de los diversos efectivos y, como señala EP, se están rescatando kilómetros de carreteras y servicios básicos, como parte los trenes de Cercanías y de la red de metro.
Uno de los grandes daños ha sido el del parque móvil particular, se encuentra arrasado. Unos 120.000 vehículos, según EP, con graves daños que se encuentran en decenas de descampados que han de ser trasladados a nuevos depósitos y, en un futuro, a centros de tratamiento para destruirlos e intentar que no supongan un perjuicio al medioambiente.
También en los garajes, auténticos puntos negros de la riada, permanecen otros muchos coches. Esta semana, un dispositivo de un centenar de operarios impulsado por la Diputación, según confirma la agencia de noticias, se ha unido a otros efectivos, como los de la UME, para despejar y limpiar garajes y bajos. Se habla de más de 600, aunque lógicamente es una cifra abierta.
En municipios como Paiporta, donde más víctimas mortales se registraron, el paisaje está todavía demasiado impregnado de barro y persisten las demandas de recursos para avanzar en las tareas de reacondicionamiento.
La zona de la DANA está inmersa aún en la emergencia, a pesar de que se escucha por todas partes la palabra reconstrucción. El mayor ejemplo ha sido el derrumbe de un porchado de un colegio afectado por la barrancada en Massanassa, en el que un trabajador falleció y otro resultó herido.
El alcalde de esta localidad, Paco Comes, se hacía eco de algunas de las demandas de los municipios, que no son otras que prontitud en las ayudas a los damnificados y un plan para realizar obras necesarias que eviten que una incidencia natural se transforme en una catástrofe de estas dimensiones. “Hago un llamamiento a todas las administraciones para que envíen a los afectados el dinero ahora y no en los próximos meses, porque en los próximos meses podemos estar muertos económica o socialmente”, recoge EP.
El primer edil avanza que más adelante habrá que unirse desde los distintos ayuntamientos para decirles a las administraciones que arreglen el barranco del Poyo “porque es una vergüenza que tenga que venir una desgracia como esta para hacerlo”. “Queda mucho trabajo”, subraya Comes, que implora que “no caiga en el olvido aunque pasen dos o tres meses”.
En la misma línea de la prevención, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha resaltado para EP que “hay un elemento fundamental y por el que los vecinos claman al cielo: hay rabia y cabreo por la invisibilidad del barranco de la Saleta”. “Es invisible, no se habla de él, ni se alertó antes del 29 de octubre ni se explicó después y es necesario que se explique, sobre todo para que de una vez por todas se ejecute en este barranco que lleva 40 años pendiente de un desvío para evitar daños personales”.
“Lamentablemente, ahora los hay y, por tanto, estamos absolutamente devastados y muy tristes porque esta infraestructura necesaria no se ha ejecutado. Ahora más que nunca, tenemos razones de peso, de fuerza, para exigir que se actúe”, ha subrayado.
En cuanto las necesidades, sostiene que deben seguir llegando grúas para retirar los coches y advierte de que hay garajes subterráneos que están impidiendo que se recupere el ascensor y, por lo tanto, “hay gente confinada en casas, gente mayor y con movilidad reducida”.
De la misma forma, asevera que “este círculo peligroso de coches, fango y ascensor sin reparar provoca que haya gente confinada en casa, como en la pandemia. Por lo tanto, es urgente y exijo que traigan por fin grúas para retirar coches y máquinas para retirar fango y poder volver a la normalidad”.
Desde Benetússer, la alcaldesa, Eva Sanz, comenta que un mes después se está viendo “el resultado de todo el esfuerzo de coordinación y de la propia ciudadanía que hemos estado haciendo para conseguir que nuestras calles estén limpias de vehículos y abiertas al tráfico rodado”. “Tenemos luz, agua y gas restablecidos”, enumera.
Coincide con sus colegas en que se sigue “necesitando muchísima ayuda para seguir retirando los vehículos de los garajes” y relata que la situación es muy compleja, puesto que no solo hay que retirar lodo y vehículos, sino enfrentarse a roturas de conductos de aguas fecales, al monóxido de carbono o a la gasolina acumulada”.
Otro de los conflictos surgidos después de la DANA ha sido la educación. En este sentido, Sanz, comenta que en el caso de su población, “los peques han vuelto prácticamente todos, niños y niñas, al cole, a pesar de las discrepancias con la Conselleria de Educación” sobre quién debe certificar el buen estado de los centros, señala.
“Falta aún el IES y esperamos que en breve pueda estar también operativo”. De hecho, con datos de 28 de noviembre recogidos por EP, un total de 9.750 escolares de municipios afectados no han regresado aún a las clases, mientras que 38.186 sí han podido hacerlo ya.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, recuerda el esfuerzo de los ciudadanos y la solidaridad recibida: “Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a vecinos, voluntarios, empresas y cuerpos de emergencia que se volcaron desde el primer minuto. Esta tragedia ha sacado lo mejor de todos”, recoge la agencia de noticias.
Folgado sostiene que los barrancos de l’Horteta y del Poyo son “puntos críticos que requieren una intervención urgente”. Por ello, han solicitado una reunión al presidente de la CHJ con el fin de trasladar y abordar las necesidades y preocupaciones del municipio.
Y en Valencia, tres de sus pedanías han sufrido “un rastro de destrucción”: La Torre, Forn d’Alcedo y Castellar-l’Oliveral, que están saliendo “poco a poco”.
Fuentes municipales detallan a EP que “ahora mismo, la gran mayoría de calles de las tres pedanías están limpias y perfectamente transitables, los colegios han reabierto y recuperado su actividad docente, la conexión de todas las líneas de la EMT está a pleno funcionamiento, se sigue distribuyendo desde Mercavalencia comida, agua y productos de limpieza en las tres pedanías, y las oficinas de atención a los afectados siguen funcionando de lunes a sábado y han atendido más de 700 peticiones de ayudas”.
“Con el trabajo intenso realizado hasta el momento está dando sus frutos y ya vemos la luz al final del túnel. Pero Valencia no se ha parado y como cap i casal de todos los pueblos hermanos afectados les hemos ayudado desde el primer momento y así lo seguiremos haciendo”, manifiestan.