Un juzgado de Valencia ejecuta un desahucio por impago de alquiler

La sentencia es de octubre de 2024 y el juez rechazó suspender el lanzamiento al entender que solo buscaba retrasar la ejecución

Una familia con dos menores y una mujer mayor con problemas de salud ha sido desahuciada este lunes en La Malvarrosa, un barrio de Valencia.

El Juzgado de Primera Instancia número 15 de València dictó el 29 de octubre de 2024 la sentencia que ha motivado el desalojo. Estimó la demanda de la propietaria, una particular, y declaró resuelto el contrato de alquiler. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, condenó además al inquilino a pagar 5.300 euros de rentas atrasadas.

Seis días antes, el juzgado había denegado una primera petición de suspensión del procedimiento. Consideró que el inquilino no presentó toda la documentación necesaria ni acreditó con documentos lo que alegaba.

Con la sentencia ya firme, el 28 de octubre de 2026 el juzgado rechazó paralizar el lanzamiento. La familia lo había pedido el día 15 por razones de vulnerabilidad económica.

Los argumentos del juez

El magistrado restó valor a la petición porque se apoyaba en un informe basado en lo que declaraba quien lo solicitaba. Entendió que solo pretendía retrasar el cumplimiento de una sentencia ejecutable.

Recordó que los derechos deben ejercerse de buena fe y que los jueces rechazan las peticiones que supongan abuso de derecho. Subrayó que la familia sabía desde hacía meses que debía dejar la vivienda.

Contra ese auto se ha presentado un recurso de reposición, que según la Ley de Enjuiciamiento Civil no suspende el lanzamiento.

La versión del sindicato de vivienda

El Sindicat d’Habitatge de Valencia defiende que se trata de una familia vulnerable y sin alternativa de vivienda. Explica que vivía de alquiler en el barrio desde 2008 y que dejó de pagar tras la enfermedad de una familiar y la pérdida de un empleo.

Según el sindicato, la propiedad solo ofreció renovar el contrato con una subida de precio. La familia no podía asumirla por los cuidados que necesita una de las mujeres.

El jueves, unas 30 personas lograron frenar el primer intento de desalojo con una concentración en la puerta. Querían ganar tiempo para presentar la documentación que, según el sindicato, permite detener el desahucio de personas vulnerables con el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre.

Esa norma paraliza en teoría los desalojos de personas vulnerables hasta que la administración competente ofrezca una alternativa de vivienda o económica.

Este lunes, según el sindicato, la Policía acordonó el barrio desde las 6.00 horas para evitar que la concentración impidiera el lanzamiento. La entidad dice que llevó dos informes de vulnerabilidad y que el juez decidió ejecutarlo igualmente.

El sindicato pide medidas para frenar los desahucios y que se corrijan los vacíos legales que, a su juicio, permiten a los jueces decidir con libertad. La familia ha acudido a Servicios Sociales y el sindicato prevé que la alternativa sea un albergue temporal.