Delcy Rodríguez se querella contra Aldama por vincularla con la financiación del PSOE

El empresario aseguró que la dirigente venezolana le entregó un sobre de PDVSA con documentación sobre una presunta financiación irregular del PSOE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una querella contra el empresario Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias graves con publicidad. La acción judicial responde a unas declaraciones televisivas en las que el empresario la vinculó con la entrega de un sobre que, según afirmó, contenía documentación sobre una supuesta financiación irregular del PSOE.

La querella llega después de que Rodríguez solicitara en julio un acto de conciliación para que Aldama se retractara de sus afirmaciones. La dirigente venezolana advirtió entonces de que acudiría a los tribunales si el empresario no rectificaba.

Los hechos denunciados se remontan a dos entrevistas emitidas los días 4 y 5 de febrero de 2026 en los programas ‘Diario de la Noche’, de Telemadrid, y ‘Horizonte’, de Cuatro y Mediaset Infinity. Según el escrito, Aldama habló en ambas ocasiones de un sobre con el logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA que contendría información relacionada con las presuntas irregularidades investigadas en torno a la financiación del PSOE.

El despacho de abogados de Baltasar Garzón, que ha informado de la presentación de la querella, sostiene que Rodríguez niega rotundamente haber tenido conocimiento de ese documento o de su contenido. También rechaza haber entregado el sobre al empresario.

El documento ya había aparecido en la investigación judicial del ‘caso Koldo’. En marzo, Aldama aportó a la Audiencia Nacional un sobre que, según su versión, le habría entregado la propia Rodríguez y que contendría información sobre una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

El juez Ismael Moreno le había requerido para que lo entregara en la pieza secreta en la que se investigan los pagos en metálico del PSOE destinados a reembolsar gastos anticipados.

Aldama se había referido por primera vez al contenido del sobre el 29 de enero, durante su declaración ante el juez que instruye el ‘caso hidrocarburos’, Santiago Pedraz. En aquella comparecencia, el empresario aseguró que la información guardaba relación con el sector de los hidrocarburos. Tras escucharle, la Fiscalía Anticorrupción mostró interés por conocer el contenido, aunque Aldama emplazó a alcanzar un acuerdo antes de profundizar en ese asunto.

La querella de Rodríguez cuestiona que exista algún elemento que permita identificarla como la persona que supuestamente entregó el documento. También pone en duda la trazabilidad del sobre y las circunstancias en las que habría permanecido desde su presunta recepción hasta que su existencia salió a la luz.

Según el escrito, la imagen difundida en distintos medios muestra un documento que habría sido recibido en febrero de 2020 y que lleva un sello de recepción estampado por un funcionario. Sin embargo, sostiene que en ese sello no aparece el apellido de Aldama y que el empresario habría mantenido el sobre oculto hasta 2026.

La investigación también cuenta con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes recogieron que Aldama dejó bajo la custodia de su socio Luis Alberto Escolano «documentación sensible» relacionada con PDVSA.

En una fotografía que Escolano reenvió al empresario, los investigadores observaron en la parte inferior del sobre un sello de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Según el informe, la marca «indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020».

La querella sostiene que la difusión del documento y las declaraciones del empresario han atribuido públicamente a Rodríguez una participación en supuestos hechos delictivos que rechaza. En concreto, alude a las referencias a posibles operaciones relacionadas con cupos de petróleo y al presunto uso irregular de los beneficios obtenidos de su comercialización.

El escrito subraya, además, que la dirigente venezolana no está siendo investigada en el procedimiento judicial al que se refirieron las entrevistas.

Como diligencias, la defensa solicita que se requiera a Telemadrid y a Cuatro la entrega de las grabaciones íntegras de los programas emitidos los días 4 y 5 de febrero, así como que Aldama preste declaración ante el órgano judicial.

Los abogados recuerdan que el delito de injuria exige la imputación de hechos con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. Cuando se comete con publicidad, como sostiene la querella, puede castigarse con una multa de entre seis y catorce meses.