Está citado a declarar por videoconferencia el 30 de enero por presuntas injurias sobre el uso del catalán en las escuelas
El Juzgado de Instrucción Número 29 de Barcelona está investigando al expresidente del Partido Popular, Pablo Casado, por presuntas injurias por haber dicho que los profesores tienen directrices de no dejar ir al baño a los alumnos catalanes que “hablen en castellano”, según un auto al que ha accedido Europa Press recogido por FUENTES INFORMADAS, el cual primero ha avanzado el diario Ara. Casado ha sido citado a declarar como investigado ante el juez el 30 de enero y lo hará por videoconferencia, conforme han ratificado fuentes judiciales.
En el auto que ha trascendido este miércoles, el juez admite a trámite la querella que la Generalitat de Cataluña presentó contra el exlíder del PP. Todo ello a raíz de que el Tribunal Supremo diera carpetazo a las pesquisas sobre el mismo caso debido a que Casado había dejado de estar protegido por el aforamiento que le otorgaba el escaño que dejó en el Congreso de los Diputados.
Asimismo, el juez ha solicitado al PP que le haga entrega de la grabación de la rueda de prensa en cuestión en las que se realizan esas manifestaciones que han generado la causa, así como la lista de medios de comunicación que asistieron.
En el momento en el que recibieron la nueva querella de la Generalitat, los juzgados de Barcelona sugirieron enviar el caso a los juzgados de La Coruña, donde se efectuaron esas polémicas declaraciones. Finalmente, el Gobierno catalán lo recurrió y la investigación se desarrollará en Barcelona.
En concreto, Casado se expresó de ese modo en relación con el catalán en las escuelas en un acto del PP de Galicia, un asunto que en ese momento estaba en la palestra informativa. “¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila?”.
Este tema entronca con una decisión del pasado septiembre del Tribunal de Justicia de Cataluña. Dicho TSJ apreció, en contra del criterio defendido por la Generalitat, que la nueva normativa de la comunidad no es óbice para establecer cuotas porcentuales lingüísticas. Por tanto, dicho tribunal determinó que se debía mantener el 25% de castellano en unas treinta aulas que ya lo tenía reconocido.