Un informe posterior al 23F revela que se consideró un “error dejar libre al Borbón” y lo señala como “objetivo a batir y anular”

La desclasificación de documentos del intento de golpe de 1981 saca a la luz reflexiones internas que revelan tensiones, estrategias y una visión crítica hacia la Corona tras el fracaso del levantamiento

La reciente desclasificación de documentos vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como el 23F, ha vuelto a abrir una herida histórica que nunca terminó de cerrarse del todo. Entre los papeles hechos públicos aparece un texto manuscrito, encabezado por la expresión “militares españoles”, que contiene reflexiones y consignas elaboradas tras el fracaso del levantamiento.

El contenido resulta inquietante. En él se afirma que el “primer fallo” cometido fue “dejar al Borbón libre” y haberle tratado “como a un caballero”. A partir de esa premisa, el documento sostiene que el entonces jefe del Estado se habría convertido en un “objetivo a batir y anular”, una expresión que refleja el nivel de ruptura y radicalización que se respiraba en determinados sectores.

Lejos de mostrar arrepentimiento por lo ocurrido, el texto asegura que no es momento de criticar a los “heroicos camaradas de armas”, sino de analizar qué hacer “de ahora en adelante”. Es decir, plantea una continuidad estratégica, un aprendizaje tras el fracaso. Más que un lamento, lo que se percibe es una reorganización mental y operativa.

El Rey como pieza clave en la ecuación golpista

Uno de los aspectos más reveladores del documento es la importancia central que atribuye a la Corona en la planificación del golpe. En los esquemas elaborados meses antes del 23F ya se contemplaba que el éxito de la operación dependía en gran medida del respaldo o, al menos, de la neutralidad del Rey. Sin ese apoyo, la viabilidad se debilitaba de forma casi irreversible, según Europa Press.

Tras los acontecimientos, los autores del texto parecen asumir que ese cálculo fue erróneo. Consideran que el monarca persistiría en su “intento suicida” de facilitar un Gobierno con los socialistas, lo que, a su juicio, lo alejaba de cualquier consideración como “símbolo a respetar”. La dureza de las palabras refleja una profunda fractura ideológica y una sensación de traición respecto a las expectativas depositadas en la institución.

El documento también perfila alternativas para futuras actuaciones. Se habla de una operación “civil con complemento militar” y se sugiere que la presidencia del Gobierno recaiga en un general de perfil liberal. Se mencionan nombres como Gutiérrez Mellado, Sáenz de Santamaría o Díez Alegría, figuras que, según el texto, podrían ofrecer un “antídoto al golpismo” y dotar de credibilidad al proyecto.

Además, se plantean “dispositivos de seguridad” para garantizar que cada actor implicado cumpliera el papel previsto. Incluso se hace referencia a la llamada “operación Halcón”, que pretendía aprovechar un posible episodio violento en el periodo previo a las elecciones generales de 1982.

La lectura de estos documentos no solo aporta datos históricos. También obliga a reflexionar sobre la fragilidad de los equilibrios democráticos en momentos de transición y sobre cómo, incluso tras un fracaso, pueden persistir proyectos que buscan alterar el rumbo institucional.