El número de armas blancas registradas en España ha aumentado un 52% desde que el Ministerio del Interior comenzó a recopilar estos datos en 2019. Según la información facilitada por el Gobierno en una respuesta parlamentaria, el Registro Nacional de Armas contabilizaba 15.140 armas blancas ese año, frente a las 21.534 registradas en 2025.
La evolución refleja un incremento continuado durante los últimos años. Tras las primeras cifras de 2019, el registro alcanzó las 15.464 armas en 2020, superó las 17.400 en 2022 y rozó las 19.400 en 2023, hasta llegar al último dato consolidado correspondiente a 2025.
La información ha sido remitida al Congreso en respuesta a una iniciativa de EH Bildu, que solicitó conocer el número de intervenciones e incautaciones de armas blancas realizadas durante la última década, así como los expedientes sancionadores abiertos, las sanciones impuestas y otros datos relacionados con las personas implicadas.
No obstante, el Ministerio del Interior ha explicado que las actuales bases de datos no permiten obtener de forma automatizada información sobre la edad de los portadores, el número de personas heridas o fallecidas en incidentes relacionados con armas blancas ni otros indicadores estadísticos solicitados.
El Registro Nacional de Armas fue actualizado en 2020 tras la aprobación de un real decreto que modificó el Reglamento de Armas con el objetivo de mejorar el control, la identificación y la trazabilidad de las armas y de sus titulares.
El aumento de incidentes relacionados con armas blancas ha reabierto el debate sobre la necesidad de endurecer la normativa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya anunció en el Congreso que el Gobierno trabaja en nuevas medidas para reforzar el control sobre este tipo de armas, especialmente en espacios de ocio y zonas con gran concentración de personas.
Entre las iniciativas que estudia el Ejecutivo figura la revisión de distintos artículos del Reglamento de Armas y de la Ley de Seguridad Ciudadana para unificar los criterios de actuación y mejorar la eficacia del registro de infracciones.
El debate también ha cobrado fuerza tras las peticiones formuladas por el Gobierno vasco, que reclama una reforma legal que permita prohibir de forma generalizada el porte de armas blancas en áreas de ocio nocturno, transportes públicos y eventos multitudinarios, al considerar que la normativa vigente resulta insuficiente para responder al incremento de este tipo de incidentes.