“Esto es una vergüenza. En este país no hay justicia”, afirma el propietario del inmueble
Un buen día del 2016, Adrián R. E. fue a su casa en el centro de Alcorcón (Madrid) y se encontró la cerradura cambiada. Llamó a la puerta de su inmueble, de su propiedad y alguien le abrió la puerta pero, cuando pretendió entrar, unos desconocidos le cortaron el paso. Habían entrado unos individuos extraños que, con malas maneras, le dieron con la puerta en las narices.
Alarmado, acudió a la Policía, pero le dijeron que no había nada que hacer sin una orden judicial, por lo que contrató los servicios de un abogado e interpuso una denuncia para recuperar lo que era suyo.
Aconsejado del letrado, tramitó una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Alcorcón pues las rejas estaban dobladas y todo parecía que hubo lo que se llama “fuerza en las cosas“. Un robo basado en apoderarse de inmuebles ajenos mediante el uso de la fuerza con el fin de acceder.
Tras todo un periplo legal, el día 13 de abril de 2018 -dos años después-, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Alcorcón dictó sentencia condenando a los okupas por un delito de usurpación de inmueble a una multa de tres meses a 30 euros diarios (270 euros en total) y a la obligación de desalojar de inmediato el inmueble y a las costas del juicio. Sin embargo, la pesadilla no había hecho más que comenzar.
Los okupas recurrieron en apelación a la Audiencia Provincial de Madrid que, con la oposición del propietario dictó sentencia a finales de 2018 dándole la razón de nuevo al legítimo propietario. Aun así, para que funcionase el mecanismo del lanzamiento, de nuevo había que pleitear; se debía interponer una demanda de ejecución.
La demanda prosperó más. La situación se tornó más complicada cuando asistidos por la Policía y en medio de un avispero de pancartas, voces y reivindicaciones populares salpimentadas de insultos al propietario, la comisión judicial hizo constar que el que abrió la puerta no era el mismo que había sido condenado a desalojarla. Y vuelta a empezar.
“Somos los particulares, los ciudadanos, los que soportamos el estado del bienestar”
En abril de 2019, ya en el ámbito civil, por medio del juicio verbal -que sirve también para resolver las pretensiones de recuperar la posesión de una finca por su dueño-, Adrián tramitó un juicio de desahucio por precario que, en términos coloquiales, consiste en recuperar una finca cuando el que la habita no tiene ni justo título para poseerla ni tampoco paga ningún tipo de renta.
El nuevo abogado, más experto que el que llevó el asunto penal, demandó al ocupante así como “a cuantas otras personas ocuparen el inmueble usurpado” que obtuvo estimación íntegra de su pretensión, según la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Alcorcón, el día 15 de octubre de 2019. El tribunal condenó tanto al ocupante como a los ignorados que también la habitasen pero, tras una apelación infructuosa, hubo que volver a promocionar una nueva ejecución para el lanzamiento.
A día de hoy, más de seis años después, Adrián no ha recuperado lo que es suyo y manifiesta que “somos los particulares, los ciudadanos, los que soportamos el estado del bienestar”.
Esto es así porque desde que se declaró el estado de alarma y hasta el 30 de septiembre de 2022, los jueces tienen la facultad de suspender el lanzamiento. “Esto es una vergüenza. En este país no hay justicia“, afirma Adrián.