Un error judicial impide la condena de 25 exfuncionarios del PSOE por corrupción en Andalucía

La demora de la jueza Bolaños al extender las investigaciones más allá del plazo legal invalida siete años de investigación

Un error en el sistema judicial ha afectado el proceso de investigación por corrupción que involucra a 25 ex altos funcionarios del PSOE en la Junta de Andalucía. La pesquisa se inició en 2014 bajo la dirección de la jueza Mercedes Alaya. La jueza de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, amplió la investigación del caso Avales más allá de la fecha límite en junio de 2017. Esto implica que todo el trabajo de investigación, tanto policial como judicial, realizado después de ese momento carece de utilidad.

Este error ha anulado hasta seis causas de corrupción que ocurrieron durante los gobiernos de los expresidentes socialistas Manuel Chaves, Susana Díaz y José Antonio Griñán.

Seis archivos que resultarán en la absolución de hasta 25 ex altos funcionarios socialistas, entre ellos figuras como Francisco Vallejo, ex consejero de Innovación; Antonio Valverde Ramos, ex director de IDEA; José Antonio Ávila Quintana, ex jefe de la asesoría legal de IDEA entre 2004 y 2009; Francisco Álvaro Julio, ex presidente de Invercaria; e Isabel de Haro Aramberri, exsecretaria de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta.

En todas las ocasiones, se repitió el mismo error: la solicitud de prórroga para la instrucción fuera de la fecha límite. Esta situación invalida toda la investigación realizada, que incluye acusados, testigos, investigaciones policiales, informes de expertos, evidencia documental y documentos presentados por las partes acusadoras y los fiscales, después de la fecha establecida. Es decir, no se anula debido a la falta de pruebas. El Tribunal Supremo, al establecer su criterio, deja claro que, según el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Penal, “la expiración del plazo eventualmente fijada por el juez lleva consigo, inequívocamente, la nulidad de todas las diligencias que se practican con posterioridad”.

La última anulación por la misma causa se produjo hace pocos días y estuvo relacionada con una de las piezas de la causa de Santana Motor, que provocó la renuncia de María Gámez como directora de la Guardia Civil en marzo pasado. Esto sucedió después de que su marido y su cuñado fueran investigados por corrupción. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla estimó la pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos de la Junta. Esta correspondería a la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, de la Consejería de Innovación, y a la transmisión de fondos a la entidad Experience Management Group.