Las autoridades de Nueva York han condenado a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, y a su empresa, la Organización Trump, a pagar casi 330 millones de euros por fraude fiscal. El juez Arthur Engoron dictaminó además la prohibición para Trump de ocupar cargos en empresas con sede en el estado durante tres años.
Aunque Trump está impedido de asumir cargos empresariales, la Organización Trump no se disolverá. La empresa infló el patrimonio neto del exmandatario en más de 3.300 millones de euros entre 2011 y 2021, según la Fiscalía. Además de la multa, Trump no podrá solicitar préstamos durante tres años en Nueva York y se ha designado un supervisor financiero independiente para controlar las operaciones de la empresa durante el mismo periodo.
Los hijos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, deberán pagar 3,7 millones de euros por su implicación en el fraude civil y se les prohíbe ocupar cargos directivos en empresas del estado durante dos años. Las autoridades también multaron a Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump, con un millón de dólares y le prohibieron ocupar cargos directivos en empresas neoyorquinas por tres años. Asimismo, junto a otro colaborador, Jeffrey McConney, se les prohibió permanentemente ocupar cargos financieros.
Trump calificó la decisión judicial como una «farsa total» y reiteró su posición de que es víctima de una «caza de brujas». Alegó que la resolución es resultado del «abuso tiránico de poder» por parte de jueces y fiscales «corruptos». A través de sus redes sociales, defendió su contribución fiscal y criticó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, a quien acusó de obsesión.
El juez Engoron respaldó el testimonio creíble de Michael Cohen, exabogado de Trump, sobre las prácticas financieras de la empresa. Afirmó que los acusados muestran una «falta total de arrepentimiento y remordimiento». En referencia a Ivanka Trump, el juez la describió como una testigo «elocuente», pero señaló inconsistencias en su testimonio debido a lapsus de memoria.
La decisión judicial marca un hito en el litigio contra Trump y su empresa por fraude fiscal, con implicaciones significativas para su futuro empresarial y político.