Expulsado el guardia civil sobornado por el expresidente de Panamá para espiar a su rica amante, tras verla con el marido de ‘la Duval’

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo no se ha andado con chiquitas. La decisión del Ministerio del Interior de suspender cautelarmente de funciones durante tres meses al guardia civil de Mallorca Carlos P. D. es acertada y legal. Y la acaba de ratificar.

Es muy grave de lo que le acusan Asuntos Internos de la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción 2 de Mallorca. Aceptar, junto a otros agentes, también encausados, dádivas y dinero del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Para que vigilasen a su amante, una empresaria millonaria de origen canadiense que regentaba en Mallorca una influente galería de arte.

Martinelli está en la cárcel de su país, por su implicación en el caso Obredetch (la gigantesca red de sobornos pagados por adjudicatarios de obra pública por parte de mandatarios de casi todos los países latinos). Ella ha ido a visitarle en alguna ocasión al país centroaméricano.

Según los primeros indicios que maneja el Juzgado de Instrucción 2 de Mallorca, el agente Carlos P. D., destinado en Calviá, forma parte de una red delictiva organizada. Recurrió al Supremo al saber que el Ministerio del Interior le había expulsado cautelarmente durante tres meses.

Soborno desde la cárcel

Junto a otros agentes, y tras recibir dinero desde la cárcel de Martinelli, montó un operativo para no perder de vista en la isla los pasos de la millonaria Indira Brunot, con la que ha mantenido relaciones íntimas, según ha sabido FUENTES INFORMADAS de medios próximos a la investigación y que consta en el sumario.

Martinelli hace el encargo al ver por la prensa a Brunot en un barco en Mallorca, junto al que entonces era marido de la modelo Norma Duval, el empresario alemán Matthias Kühn.

No era baladí la tarea de seguimiento a la que se enfrentaron el guardia Carlos P. D. y los otros arrestados. Implicados hay cuatro guardias y un miembro de una agencia de seguridad. Conformaron el grupo Kugar, y en la redes anunciaban que hacían tareas de seguimiento de personas, entre otras. Una tarea fue seguir los pasos de la galerista, según una resolución del Supremo.

Utilizaron zodiac de la Guardia Civil, prismáticos y hasta tiraron de carné cuando surgía alguna traba. Seguimientos por mar, por la isla de Mallorca y hasta visitaron la lujosa urbanización en la que vivía Brunot en busca de la matrícula del Mercedes que conducía. Y no solo eso: colocaron dos dispositivos de seguimiento a su coche. Para que no se les perdiera cuando salía en coche.

Ella se dio cuenta y puso hasta tres denuncias. La seguían, denunció. El asunto finalmente acabó en las manos de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que tiene whatsaap e intervenciones telefónicas donde claramente se advierten las actividades ilícitas que cometían los agentes.

Este es el motivo por el que el Tribunal Supremo, en una resolución emitida recientemente, entiende que los hechos son muy graves e implican «un delito de abuso de atribuciones que causa un grave daño a los ciudadanos» y, en este caso, a la propia institución.

De esta manera da validez a las medidas cautelares impuesta por la exdirectora general de la Guardia Civil consistente en tres meses de suspensión de funciones por delitos de pertenencia a organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y coacciones.

El guardia recurrió contra su suspensión al Tribunal Supremo, que ha resuelto que las medidas cautelares adoptadas se ajustan a la ley por la gravedad de los hechos.