Trashorras, el minero que facilitó los explosivos para el 11-M, pide la eutanasia 20 años después

Tres de los condenados por el acto yihadista siguen en prisión

José Emilio Suárez Trashorras, el exminero asturiano condenado a 34.715 años de cárcel por encargarse de facilitar los explosivos de Mina Conchita que la célula yihadista usó en los atentados de Atocha, ha solicitado la eutanasia en el centro penitenciario donde cumple condena.

Según informó El Comercio, el avilesino de 47 años solicitó el pasado viernes acogerse a la ley de eutanasia como protesta por “la falta de tratamiento médico y psicológico” que recibe en el Centro Penitenciario de Asturias.

En concreto, Trashorras argumentó su solicitud de “morir dignamente” atendiendo a su larga condena –de los que al menos deberá cumplir 40 años– por actuar como cooperador del atentado.

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, en vigor desde el 25 de junio de 2021, solo permite dar esta prestación a las personas mayores de edad “con un sufrimiento intolerable a causa de una enfermedad en fase terminal, o por una enfermedad irreversible con limitaciones en su autonomía física podrán pedir una eutanasia a su médico”.

Desde prisión, Trashorras ha formulado “decenas de instancias solicitando” permisos carcelarios y otros beneficios pero no le han sido concedidos. Algunas de las razones que argumenta el Ministerio del Interior para rechazar sus reclamaciones son “la gravedad y repercusión” de los hechos protagonizados por él y la necesidad de evitar la revictimización de las personas dañadas por su actuación delictiva.

Además de Trashorras, solo dos de los 18 codenados por la Audiencia Nacional permanecen en prisión. Viente años después del atentado del 11 de marzo de 2004, Jamal Zougam y Otman el Gnaoui, con fechas de licenciamiento definitivo para su excarcelación en 2044, permancen encerrados en sendos centros penitenciarios.

Jamal Zougam

Según recoge la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzgó el atentado que dejó 191 víctimas mortales y 1.857 heridos, Jamal Zougam fue condenado por pertenencia a organización terrorista islámica, depósito y confección de sustancias y artefactos explosivos.

Zougam fue condenado a 42.922 años de cárcel –el máximo que permite la ley— por colocar el último artilugio explosivo en el cuarto vagón del tren de Cercanías que salía de Alcalá de Henares a las 07:14 horas y explosionó a las 07.38 horas mientras se encontraba estacionado en la estación de Santa Eugenia”.

La sentencia también mencionaba su relación con las tarjetas usadas en el atentado. “Al menos nueve tarjetas de las 30 que llegaron al locutorio de Jamal Zougam fueron usadas por los miembros del grupo que intervinieron en los atentados”, dice textualmente.

Otman el Gnaoui

El segundo terrorista que sigue cumpliendo condena por el 11-M transcurridos 20 años del atentado es Otman el Gnaoui, responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada.

En concreto, la sentencia constató su participación en el transporte de los explosivos desde Asturias hasta la casa de Morata de Tajuña (Madrid) donde se montaron las 13 bombas que luego fueron colocadas en los cuatro trenes de Cercanías.

Otman el Gnaoui fue condenado a 42.922 años de cárcel, además, por facilitar documentación “a sabiendas” de que iba a ser manipulada para ocultar la identidad de los terroristas.

Revisión de las penas

La sentencia del 11-M recoge que tanto Trashorras –condenado por 192 asesinatos, incluyendo la muerte del policía fallecido tras la explosión de los terroristas suicidas en el piso de Leganés– como Jamal Zougam y Otman el Gnaoui debían indemnizar de forma conjunta y solidariamente a las víctimas del atentado perpetrado el 11 de marzo de 2004, tres días antes de que se celebraran elecciones generales en España.

De los 21 condenados por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo ratificó en 2008 las penas de prisión para 17 de ellos, ya que absolvió a cuatro y condenó a uno que había quedado libre, el asturiano Antonio Toro, y que luego se enfrentó a cuatro años de prisión por tráfico de explosivos.