Transparencia critica a los grandes partidos por no hacer públicos los sueldos de sus dirigentes

En algunos casos, ni siquiera están disponibles los informes del Tribunal de Cuentas, lo que dificulta el control ciudadano

La transparencia política vuelve a situarse en el centro del debate público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha lanzado un serio reproche a los principales partidos nacionales por no informar del sueldo de sus máximos responsables en sus páginas web. Una práctica que la ley exige y que, sin embargo, sigue sin cumplirse de forma generalizada.

El informe, elaborado tras evaluar a PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos e Izquierda Unida, confirma que ninguno cerró 2025 cumpliendo la obligación de publicar las retribuciones de sus dirigentes. Tampoco todos facilitan información básica como currículos profesionales, organigramas o estructura interna, elementos clave para que la ciudadanía comprenda cómo funcionan las organizaciones políticas.

Un suspenso generalizado con diferencias notables

Los datos reflejan una situación desigual. Los partidos que salen peor parados son el PP y Vox, que retroceden en sus niveles de cumplimiento respecto al año anterior. En el caso del PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, el informe critica incluso la eliminación de información que sí estaba disponible en 2024, como la descripción de su estructura organizativa. Vox, encabezado por Santiago Abascal, tampoco ha aplicado ninguna de las recomendaciones previas del consejo, según Europa Press.

En el lado contrario se sitúa el PSOE, que mejora de forma significativa su puntuación tras incorporar varias de las sugerencias recibidas. Aun así, el órgano de control recuerda que todavía no publica los sueldos de sus dirigentes, por lo que también mantiene margen de mejora. Podemos e Izquierda Unida avanzan, pero siguen sin mostrar información esencial sobre sus órganos de gobierno, mientras que Sumar es reprendida por retirar datos sobre su estructura interna.

Transparencia pendiente y confianza ciudadana

Más allá de las cifras, el informe deja una lectura clara: la cultura de la transparencia sigue siendo incompleta en la política española. Especialmente llamativa resulta la falta de información sobre contratos públicos, subvenciones y presupuestos, ausente en varios partidos. En algunos casos, ni siquiera están disponibles los informes del Tribunal de Cuentas, lo que dificulta el control ciudadano.

El Consejo recuerda que estas obligaciones no son opcionales y afectan a formaciones con representación en el Congreso de los Diputados. Publicar sueldos, estructuras y datos económicos no es solo un trámite legal, sino un gesto de responsabilidad democrática.

En un contexto de desconfianza hacia la política, la transparencia no debería entenderse como una carga, sino como una oportunidad para reforzar la credibilidad. Mientras los partidos no asuman plenamente este compromiso, la distancia entre instituciones y ciudadanía seguirá siendo una asignatura pendiente.