El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que el Gobierno no recibió avisos previos sobre la magnitud de la entrada de migrantes a Ceuta. Según ha explicado, en los días anteriores al 30 de julio no llegó ninguna comunicación sobre la llegada de decenas de miles de personas. Con ello, respalda la versión ofrecida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Marlaska había defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo no recibió ningún informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre la entrada masiva. De haber existido ese aviso, sostuvo, el Gobierno habría activado medidas extraordinarias para frenarla. Esa versión choca con la que había expuesto antes la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Congreso.
Robles aseguró que los agentes del CNI sí cumplieron su trabajo antes de la entrada masiva. Según su relato, vigilaron la situación y trasladaron sus análisis tanto a las Fuerzas de Seguridad como a la Delegación del Gobierno. Esta última, indicó, ya sabía que estaba prevista una entrada a nado coincidiendo con una fiesta marroquí.
Torres ha defendido que el reporte diario sobre la situación en Ceuta sí reflejaba movimiento, con un aumento de alrededor de mil personas en una semana. Ese dato, ha remarcado, queda muy lejos de anticipar una llegada de decenas de miles. La ha descrito, además, como una respuesta prácticamente inmediata a lo expuesto por Robles ante el Congreso.
Sobre las críticas de la ministra de Defensa, que había admitido en sede parlamentaria haber llegado tarde a la crisis, Torres ha optado por no compartir esa valoración como propia del Gobierno. La ha situado, en cambio, en el terreno de una reflexión personal de Robles. Sí ha admitido que la gestión de cualquier crisis siempre puede mejorarse en algún aspecto.
El ministro ha defendido, no obstante, que enfrentarse a una crisis de esta magnitud no resulta sencillo para ninguna administración. Ha insistido en que el Gobierno está volcado al máximo para encauzar la situación y devolver la normalidad a la ciudad autónoma.