El Ejecutivo ha oficializado este miércoles la declaración de Ceuta como «situación de interés para la seguridad nacional». El real decreto, recogido en el Boletín Oficial del Estado, abre la puerta a movilizar más recursos e infraestructuras. El objetivo es reforzar la atención a los migrantes que siguen en la ciudad autónoma. La medida llega casi un mes después de que se produjera una entrada masiva de personas.
Fuentes de Moncloa han detallado qué instalaciones dependientes del Gobierno ceutí quedan habilitadas. Se trata de cinco polideportivos cubiertos: Santa Amelia, La Libertad y Antonio Campoamor, junto a los complejos Guillermo Molina y Díaz Flor. A ellos se suman, si hiciera falta, los terrenos del aparcamiento de Loma Colmenar. También podrá usarse el Hospital Militar, cuyo uso ya había sido transferido a la ciudad por Defensa.
El decreto no se limita a los recursos municipales. El Gobierno central ha sumado otras infraestructuras propias siempre que resulten imprescindibles. Deben servir para mantener servicios básicos o dar apoyo logístico, técnico y de comunicaciones durante la crisis migratoria.
Defensa cede además varios espacios en Ceuta bajo esta misma fórmula. Entre ellos figuran los terrenos de Loma Margarita, las instalaciones de la Hípica y la antigua fábrica de harina. Se incluyen también el viejo campo de fútbol del cuartel de caballería y las zonas libres del Acuartelamiento Coronel Fiscer.
El Ministerio para la Transición Ecológica aporta por su parte la explanada conocida como del Guano, antigua fábrica homónima. Educación suma el polideportivo cubierto situado en el instituto Puertas del Campo, dependiente de esa cartera.
El propio texto fija los límites de esta puesta a disposición de recursos, en aplicación del artículo 8.1 del decreto. Según recoge el BOE de forma literal, dicha contribución «se regirá por los principios de necesidad, idoneidad, contribución gradual, proporcionalidad, eficiencia, temporalidad e indemnidad». El propio decreto aclara que esta cesión es únicamente funcional. No implica, por tanto, ningún cambio en la titularidad de los espacios ni en su dependencia administrativa habitual.