Hoy: 23 de noviembre de 2024
El abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla) y fallecido el pasado mes de diciembre junto con el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), en unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano; ha avisado en un comunicado a los medios de comunicación de que los testigos confirman que en el fatídico ejercicio “no se cumplían las medidas de seguridad”.
Según el abogado penalista y doctor en Derecho Luis Romero, que representa a la familia del difunto soldado Carlos León Rico, los testigos que han declarado han ratificado que para la prueba de cruce del lago “no había flotadores”, ni ambulancia ni personal sanitario”.
Además, estos testigos habrían confirmado que el lago contaba con una “cuerda guía” pero no una línea de vida como tal, que tampoco estaba “bien montada”, así como que dentro del agua “no se daba pie” y los soldados “no lo sabían”.
Después de las declaraciones, Romero ha explicado que solo había una ambulancia operativa y que no recibió ninguna llamada ni información del capitán Zúñiga durante esa mañana ni el día anterior, lo que indica que no había previsto nada específico en sus funciones.
El abogado ha añadido que, sobre la actitud del capitán Zúñiga en la noche de los hechos, los testigos han revelado que “dio una charla refiriendo que ‘estas son cosas que pasan en la mili'”, tras lo cual “se impactaron con estas palabras”, pues han referido que “no fueron las palabras adecuadas ni el momento” y muchos de ellos han manifestado que “no se le veía afectado”.
El Juzgado Togado Central número dos ha detectado “indicios de responsabilidad penal porque los hechos fueron muy graves”, según recordaba recientemente la defensa. Además del capitán Ignacio Zúñiga Morillas, implican al teniente Jaime Tato Garrido y el sargento Gustavo Álvarez Estupiñán; los coroneles Tostón Méndez y Navarro González, así como el teniente coronel Zanfaño Hidalgo y un comandante.
A tal efecto, recuerda que las diligencias en cuestión se dirigían inicialmente contra el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, el teniente Jaime Tato Garrido y el sargento Gustavo Álvarez Estupiñán, en cuanto posibles responsables penales de un presunto delito contra la eficacia en el servicio del artículo 77 del Código Penal Militar.
Además, el juez señala que “tampoco se advirtió nada en este sentido ni por el jefe de la Plana, ni por el coronel jefe de Regimiento al momento de realizar la labor de supervisión y autorización del ejercicio, tal y como resulta del informe del Estado Mayor de la Defensa y del informe del jefe del Regimiento La Reina Número Dos, en los que se recoge los cometidos respectivos de supervisión y autorización del ejercicio”.
De este modo, según el Juzgado Togado Militar número 21, la maniobra fue emprendida “sin contar con las medidas de seguridad necesarias para su realización, extremo que pasó inadvertido tanto por el capitán Zúñiga al momento de su planificación, como por sus superiores al momento previo de su ejecución, pues no hubo supervisión alguna en este sentido ni por el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo ni tampoco por el coronel Daniel Ángel Tostón Méndez”.