¡Si no me sobornas y no cedes a mi estruendosa extorsión, entonces no reconozco tu inocencia, aun cuando la tengas, e igualito te condeno!

Cuando el juez no tiene freno ético

Mi respeto al juez honesto que no se encuentra descrito en este artículo. 

«La gente no suele matar a la gente, Clarice. La gente mata a los pobres.» — Dr. Hannibal Lecter, El silencio de los inocentes (1991). (Esta sentencia del psiquiatra criminalista subraya cómo la violencia no es un evento fortuito, sino una herramienta de poder utilizada contra los sectores más vulnerables. Aquellos que carecen de recursos, o que mantienen su integridad al negarse a someterse a prácticas de extorsión, se convierten en víctimas de una maquinaria punitiva que ignora su humanidad).

«¿Crees que si pudieras salvarla… si pudieras hacer que el cordero dejara de gritar… crees que estarías a salvo?» — Dr. Hannibal Lecter, El silencio de los inocentes (1991). (Esta metáfora, que nace de un trauma infantil donde la agente Clarice Starling intentó salvar a un animal indefenso, cuestiona al juzgador: el alivio de una justicia parcial no basta para acallar la conciencia en quien utiliza el proceso penal como un instrumento de lucro personal).

El ejercicio de la judicatura, despojado de su anclaje moral, se convierte en un escenario de horror tan clínico como el propuesto por la artista Marina Abramović en su performance Ritmo 0 (1974). En esta obra, la artista se entregó pasivamente a un público durante seis horas, dejando a su alcance objetos que iban desde flores hasta un arma cargada. Al retirar el límite de la ley, la audiencia terminó agrediendo violentamente a la artista. Este experimento es una metáfora cruda de la deshumanización en el proceso penal.  Cuando el juez o la jueza olvida que frente a él hay un ser humano y no un objeto inerte, se produce una desindividuación institucional, es decir, el funcionario deja de ver a las personas como seres individuales con derechos y las empieza a tratar como números o cosas sin importancia. Si el juzgador opera sin freno ético, la justicia se convierte en un experimento de crueldad donde el procesado inocente es el sujeto pasivo, indefenso ante la voluntad de quien debería garantizar su integridad.

El litigante, en su labor diaria, se rige por el estricto respeto a los parámetros del juicio y a la investidura del juzgador. El abogado confía en el principio de buena fe, creyendo que el juez actúa con rectitud, pues la ley establece que la buena fe se presume y la mala debe probarse. Por tanto, el defensor no sospecha de la inmoralidad del juzgador; porque es un profesional que cree en la función sagrada de hacer justicia. Si el abogado observa conductas extrañas, dilaciones inusuales o señales equívocas, su formación lo lleva a interpretarlas dentro del marco procesal, nunca bajo la sospecha de que el juez está operando una red de captura, lo que significa que el tribunal ha sido convertido en una oficina de extorsión donde el juzgador está esperando recibir dinero para decidir sobre la libertad de una persona. El defensor es un actor de buena fe que se mueve en un terreno donde la lealtad es la norma, ignorando que la toga es utilizada por un operador que, lejos de buscar justicia, busca el enriquecimiento ilícito a través de la extorsión.

Imagínese usted, en un ejercicio de introspección, qué ocurriría si existiera un sistema de incentivos donde la eficiencia no se midiera por la calidad del proceso, sino por el volumen de sentencias condenatorias contra inocentes. ¿Qué sucedería si se ocultara una bonificación económica por cada fallo dictado, sin importar la inocencia del acusado? En este escenario, el tribunal dejaría de ser un santuario de la verdad para convertirse en una oficina de rendimiento estadístico. El juez, lejos de ser un garante, se transformaría en un operador de cuotas donde el incentivo económico —ese bono oculto que llega tras el conteo de las condenas— pesaría mucho más que el derecho a la presunción de inocencia. La justicia no sería más que una subasta donde el destino de los hombres se decide por el cálculo de un rendimiento financiero compartido.

La deshumanización alcanza su cenit cuando el juzgador empieza a ver al procesado inocente exclusivamente como un activo financiero. El juzgador orquesta una puesta en escena diseñada para el soborno: abre puertas, dilata plazos y genera una asfixia procesal, dejando claro que el proceso tiene un precio. Cuando el procesado inocente, aferrado a su rectitud, no accede a «pagar por su inocencia», el juez experimenta una combinación devastadora de decepción y furia vengativa. Al no materializarse el cobro de la extorsión que él mismo propició, el juzgador decide condenar al inocente como una forma de castigo por haber frustrado su lucro. Para este operador, la verdad no importa; lo único que cuenta es que, si el ciudadano no pagó el «peaje» por su libertad, debe pagar con su cárcel, convirtiendo la sentencia en un cobro de facturas por una transacción que nunca ocurrió.

Esta «extorsión preparada» es el mal de nuestro tiempo. Aquí ocurre la inversión de la culpa: como el inocente no pagó el peaje, el juzgador utiliza su poder para dictar una condena, vengándose de quien no se sometió a su coacción. El juzgador, que debería encontrar su única riqueza en su imagen ética y en su probidad, se convierte en un verdugo que castiga al inocente por su propia integridad, fabricando una culpabilidad que nunca existió. Es el síndrome de Potifar, una alusión al relato bíblico donde, al no lograr sus propósitos, el despechado acusa falsamente al inocente, aplicado a la justicia: el juez acusa y condena al inocente porque este no cedió ante sus deseos corruptos.

En El silencio de los inocentes, el Dr. Hannibal Lecter plantea la metáfora del «cordero» como un inocente que grita en la oscuridad mientras es conducido al matadero. En la praxis judicial, este «cordero» es el hombre inocente que es condenado, aquel cuyos gritos de clemencia son silenciados por la maquinaria de una estadística ciega o por la frustración de un juez que no fue sobornado. El sistema que permite la condena del inocente es un matadero donde el derecho al debido proceso ha sido sustituido por el silencio cómplice, y donde el juez, al ignorar el clamor por la justicia, firma su propia descalificación profesional al someterse a intereses inconfesables.

En última instancia, el freno ético no es un añadido, sino la esencia de la judicatura. Un sistema que castiga al inocente no es más que una parodia de orden donde, bajo la excusa de la eficiencia, se esconde la verdadera esencia del caos. La libertad no es el poder de hacer lo que uno quiera, sino el poder de hacer lo correcto, incluso cuando las presiones del entorno exigen la obediencia ciega.

El juez que hoy se atreve a disentir, que escucha el grito del «cordero» y que se niega a participar en la deshumanización estadística o en la extorsión, es quien realmente sostiene el edificio de la justicia. Sin esa valentía moral, el sistema es solo un escenario donde, como advertía Lecter, los fuertes devoran a los débiles bajo una máscara de legalidad. Es imperativo que quien ejerce la función jurisdiccional bajo parámetros errados,  recupere su humanidad antes de que sea demasiado tarde para el sistema y para sí mismo.

«No somos más que animales, Clarice, y el mundo es un lugar donde los más fuertes devoran a los más débiles.» — Dr. Hannibal Lecter, El silencio de los inocentes (1991). (El psiquiatra nos recuerda que, sin ética, el proceso se vuelve una ley de la selva donde la institucionalidad no protege al débil, sino que lo entrega al hambre de los poderosos).

«La libertad no es el poder de hacer lo que uno quiera, sino el poder de hacer lo correcto.» — Pensamiento atribuido a la ética kantiana. (La verdadera libertad del juez no reside en el uso arbitrario de su firma, sino en la capacidad soberana de ejercer el derecho con rectitud moral y estricto apego a la justicia).

Doctor Crisanto Gregorio León

Profesor Universitario