Seis días después de la tragedia, Sánchez y Puente siguen atornillados al cargo: «La negativa a dimitir es un flagrante insulto a las víctimas de Urda»

El profesor Crisanto Gregorio sostiene que “cuando la incompetencia se disfraza de soberbia y el partidismo suplanta a la pericia técnica, las estructuras del Estado no solo se agrietan, sino que sepultan bajo sus escombros la vida de los ciudadanos inocentes que confiaron en la seguridad del sistema público”

La dolorosa tragedia ferroviaria de Urda (acaecida hace seis días, casi 150 horas después de la tragedia, y Sánchez y Puente siguen en sus cargos) pone al descubierto la amoral resistencia de ambos a dimitir y, por otro lado, el profundo deterioro estructural que asola a las infraestructuras de transporte en España. Un escenario donde la negligencia administrativa y la falta de inversión preventiva terminan por cobrarse un trágico peaje de sesenta y ocho fallecidos y decenas de desaparecidos.

Resulta intolerable que las vías de alta velocidad, presentadas como el gran orgullo del desarrollo tecnológico nacional, se conviertan en trampas mortales debido a la persistencia de sistemas obsoletos y promesas institucionales sistemáticamente incumplidas ante las autoridades de la Unión Europea.

Las auditorías técnicas demuestran de forma irrefutable que el ochenta y cuatro por ciento del presupuesto sectorial se desvía hacia la construcción de nuevas infraestructuras con un claro rédito electoral, dejando apenas un dieciséis por ciento para las tareas de conservación.

Esta política de escaparate prioriza la propaganda oficial frente a la protección real de los pasajeros, transformando los trayectos diarios en una ruleta rusa donde la ausencia del moderno mecanismo ERTMS opera como una amenaza latente que el aparato ministerial insiste en minimizar.

El panorama institucional se torna todavía más desolador cuando se analiza la respuesta de los altos cargos públicos involucrados, quienes optan por el enrocamiento partidista y la autocomplacencia en lugar de asumir de manera digna las responsabilidades políticas que la gravedad del suceso les exige.

Un flagrante insulto a la memoria de las víctimas

La negativa tajante del ministro de Transportes a presentar su dimisión, amparado bajo el blindaje directo de la presidencia del Ejecutivo, constituye un flagrante insulto a la memoria de las víctimas y a las familias que esperan respuestas claras sobre el fallo del sistema de seguridad LZB en la línea de Andalucía.

El discurso oficial intenta desviar la atención pública construyendo una narrativa de victimización donde el responsable directo de la planificación se presenta ante la sociedad como el blanco de un calvario de descalificaciones en campaña.

Este ejercicio de cinismo gubernamental evidencia que el mantenimiento de las cuotas de poder y el cálculo de la supervivencia en las urnas se anteponen con creces al decoro ético y a la rendición de cuentas que debería caracterizar las acciones de cualquier servidor de la nación.

La degradación del sistema no constituye un hecho aislado o una mera casualidad del destino, sino la consecuencia directa de una estrategia de colonización de las empresas del Estado que sustituye sistemáticamente a los ingenieros por comisarios vinculados a las siglas del partido.

La presencia de perfiles políticos sin experiencia ferroviaria real en puestos directivos clave de Adif explica la alarmante desconexión entre las advertencias de los comités de seguridad y las directrices adoptadas por la cúpula directiva.

Los antiguos muros de contención técnicos integrados por funcionarios de carrera que plantaban cara al mando político para exigir presupuestos justos de mantenimiento han sido desmantelados y reemplazados por una red de nepotismo y favores personales. Esta estructura de colocaciones a dedo despoja al sector de la excelencia profesional que en otros tiempos lo convirtió en un referente internacional, provocando que los contratos estratégicos de detección de trenes terminen bajo sospecha de comisiones.

Cuando el control de las vías se entrega a personas cuya única cualificación es la lealtad ciega a una facción, el colapso civil es una certeza matemática.
El tratamiento de la catástrofe por parte de las autoridades territoriales y de las corporaciones de radiodifusión pública ahonda la herida social al evidenciar una alarmante falta de sensibilidad humanitaria en momentos de extrema gravedad.

Las declaraciones desatinadas de mandatarios regionales que detallan ante los medios de comunicación la recogida de restos humanos en decenas de bolsas forenses demuestran una preocupante deshumanización del discurso institucional. Esta absoluta carencia de tacto convierte el dolor ajeno en un mero trámite estadístico, provocando el rechazo de una ciudadanía que exige respeto a la dignidad de los fallecidos y consideración hacia las familias afectadas.

Asimismo, las maniobras de las tertulias oficialistas para lanzar ataques de hemeroteca contra la oposición con el único fin de salvar la imagen del gabinete confirman la manipulación descarada de los canales de información pública. El periodismo de trinchera que busca justificar la desidia mediante la comparación con accidentes del pasado renuncia a su función fiscalizadora, transformándose en un apéndice del relato monclovita.

La exigencia de responsabilidades ante una tragedia evitable

Resulta imprescindible que la sociedad civil reaccione ante este proceso de descomposición administrativa exigiendo comisiones de investigación independientes que depuren las responsabilidades técnicas, penales y políticas hasta las últimas consecuencias. No es admisible que un país que presume de la mayor red de alta velocidad de Europa presente unas ratios de inversión en conservación tan ínfimas que pongan en peligro inminente la integridad física de sus ciudadanos.

Los impuestos del contribuyente deben revertir de manera íntegra en el fortalecimiento de los servicios públicos, la seguridad vial y la dotación de infraestructuras críticas que nunca debieron ser utilizadas como moneda de cambio para el clientelismo.

La recuperación de la decencia democrática pasa por expulsar a los gestores negligentes y devolver la gestión técnica a los cuerpos profesionales del Estado, garantizando que el mérito y la responsabilidad vuelvan a ser los pilares fundamentales del poder. Solo mediante una fiscalización severa se podrá evitar que la ineficacia de los gobernantes vuelva a teñir de luto los caminos de la nación.

“Solo cuando la verdad se impone sobre la propaganda y la justicia civil aparta de los despachos a los comisarios de la incompetencia, un país puede recuperar el derecho a transitar por sus caminos sin el temor de convertirse en una cifra más del inventario del abandono”.

Doctor Crisanto Gregorio León