Sánchez puede aprovechar la ausencia de euroorden de detención de Puigdemont para aplicar la amnistía ‘política’ y reunirse con él

El magistrado Pablo Llarena tiene la petición de Vox desde primeros de julio pasado pero parece esperar al rechazo del recurso de apelación contra la inaplicabilidad de la amnistía, previsiblemente en enero-febrero de 2025, para emitir una nueva orden de arresto

ERNESTO EKAIZER/El Periódico de Catalunya

La reunión cumbre entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont -el simbólico ejercicio de la amnistía política, ante el retraso de la judicial – que puede retrasarse hasta finales de 2025 en el Tribunal Constitucional (TC) tiene como referencia, según ha sabido El Periódico, dos circunstancias. La primera es avanzar en la negociación de las concesiones que pide Junts para dar luz verde a los presupuestos y, la segunda, tener en cuenta que será mejor que el encuentro se celebre en las próximas semanas, sin la vigencia, por el momento, de la orden europea de detención y entrera (euroorden) de detención del expresident, suspendida desde 2023 por el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

La disposición anunciada por Sánchez en diciembre de 2023 de reunirse con el expresidente una vez que se aplicase la ley de amnistía ha dado paso a la de celebrar un encuentro bastante inminente, habida cuenta de que Puigdemont ni siquiera ha podido presentar un recurso de amparo ante el TC, pendiente de la resolución de su recurso de apelación contra la negativa de Llarena de aplicar la amnistía al delito de malversación.

Pero, incluso, cuando pueda presentar ese amparo, el TC no lo podrá abordar hasta que resuelva la cuestiones de inconstitucionalidad elevadas -la primera será la elevada por la Sala Segunda del Supremo- y ello sin contar con la amenaza de dicha Sala de acudir a una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si el TC declara inconstitucional su cuestión. Esto es parte de la “triple muralla” estratégica erigida por la Sala Segunda contra la ley de amnistía.

La ausencia de una euroorden de detención de Puigdemont es un factor de importancia. Aunque el Partido Popular está normalizando sus acuerdos con Junts –Esteban González Pons ya consideró a Junts “un partido cuya tradición y legalidad no están en duda” mientras mantenía reuniones con dicha fuerza en agosto de 2023 con vistas a la investidura-, Sánchez sabe que la fotografía de su reunión con Puigdemont desatará una diatriba político-mediática para debilitar al Gobierno, y atacarle personalmente.

Por tanto, en román paladino: puede argüir que si bien no se le ha aplicado la amnistía, Puigdemont no tiene la espada de Damocles de Llarena con sus intermitentes euroórdenes de detención.

Puigdemont carece de inmunidad desde junio pasado, cuando dejó de ser eurodiputado para optar por un escaño en el Parlament.

Ahora bien: esa euroorden puede llegar.

Aunque desde el 4 de julio de 2024, Llarena tiene en su despacho un escrito de la acusación popular de Vox en la que le solicita reactivar la euroorden, no lo ha trasladado a las partes personadas en la causa para que informen.

Fuentes del Supremo señalan que Llarena tiene que calibrar estratégicamente cuándo emitir esa euroorden. “Además hay que recordar que la actitud de las autoridades de Bélgica no será receptiva sobre todo después del show del 8 de agosto de 2024, cuando Puigdemont se presentó en Barcelona y los Mossos no cumplieron con la orden de detención nacional vigente sobre la que les advirtió Llarena previamente”.

Sin embargo, Llarena ha dado alguna pista de su estrategia. Como mínimo no emitirá la euroorden hasta que su auto de rechazo a aplicar la ley de amnistía a Puigdemont no adquiera firmeza.

Dicha resolución ha pasado a la Sala de Recursos la que, a su vez, está obligada antes de resolver a convocar una vista (audiencia). La Sala será presidida por el magistrado Vicente Magro, ex senador del Partido Popular, y está integrada por los magistrados Eduardo de Porres y Susana Polo.

Es previsible, según fuentes consultadas por este diario, que esa vista se celebre a lo largo del mes de enero de 2025. Inmediatamente después la Sala deliberará y votará sobre el recurso que, previsiblemente, será desestimado.

Pero, atención, será relevante conocer si los magistrados lo harán por unanimidad. Un voto particular, como los presentados en septiembre pasado por la magistrada Ana Ferrer -calificó la negativa a aplicar la amnistía al delito de malversación como una “ficción jurídica” y una “entelequia”-, sería una nueva brecha impactante en la piña anti-amnistía formada en dicha Sala.

Por tanto, Sánchez puede contar desde aquí hasta inmediatamente después de esa vista -cuya fecha queda por anunciar tras ser emplazadas hace semanas las partes (Puigdemont, acusación popular de Vox, Fiscalía y Abogacía del Estado) a personarse- para reunirse con Puigdemont sin esa euroorden de detención emitida por Llarena una vez que su auto de denegación de la amnistía sea firme.