Pedro Sánchez ha anunciado este jueves que el Gobierno prevé retirar de las calles de Ceuta a otros 1.500 inmigrantes en las próximas dos semanas. El presidente ha insistido en que las expulsiones deben realizarse con garantías legales.
Sánchez compareció ante el Congreso de los Diputados para informar sobre la crisis migratoria de Ceuta. La crisis se originó tras la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad el pasado julio.
El presidente detalló que, desde el 10 de agosto, el Gobierno ha reubicado a 3.300 migrantes y ha retornado a otros 3.658. Solo en la última semana, según explicó, 1.530 personas salieron de las calles de la ciudad, entre acogidas, retornos y expulsiones.
Sánchez confió en que, en las próximas dos semanas, esa cifra aumente en al menos 1.500 personas más. A su juicio, ese ritmo debería aliviar de forma notable la situación en Ceuta.
El jefe del Ejecutivo añadió que el Gobierno ha movilizado un paquete de ayuda humanitaria de siete millones de euros para atender a los inmigrantes. También ha acelerado los procedimientos de asistencia, identificación y devolución, buscando garantizar la seguridad y los derechos de la población local.
Sánchez defendió que ninguna persona puede ser expulsada sin cumplir antes con las garantías legales. Recordó que España es una democracia y un Estado de derecho, integrado en la Unión Europea y en la comunidad internacional.
El presidente rechazó de forma tajante cualquier expulsión sumaria de inmigrantes. Para ilustrar la falta de garantías de ese tipo de actuación, llegó a comparar ese trato con arrojar a una persona a la frontera «como si fuese un saco de tierra».
Según explicó, esas garantías responden a los tratados internacionales, al derecho comunitario y a la legislación española. Añadió que también se sostienen en razones de empatía y dignidad, y en el interés de que los propios ciudadanos españoles reciban ese mismo trato cuando estén en el extranjero.
Sánchez advirtió de que una democracia no se fortalece incumpliendo sus propias leyes para resolver un problema. Reconoció que la solución a la crisis migratoria requiere más tiempo del deseado.
Explicó que, antes de expulsar a alguien, es necesario verificar su identidad. También hay que comprobar que no procede de un país en guerra donde correría peligro y, en caso de ser menor, garantizar que existe un hogar seguro al que regresar.
El presidente sostuvo que lo ocurrido en Ceuta no cuestiona el modelo migratorio español. A su juicio, demuestra más bien que el modelo anterior, todavía vigente en buena parte de Europa, ha quedado superado.
Sánchez criticó la actitud de dejar que el problema migratorio se acumule al otro lado de la frontera. Consideró injusto reprochar después a países con menos recursos que no logren contenerlo.
Pidió comprender que la pobreza, la desesperación y las nuevas tecnologías son fuerzas que ningún muro puede frenar de forma indefinida. Advirtió de que siempre habrá quien intente cruzar la frontera escalando vallas, cavando túneles o arriesgándose en el mar.
El presidente defendió crear vías legales para quienes quieran viajar a España a trabajar. Reclamó también acoger a las personas que huyen de la guerra y la violencia, y apoyar el desarrollo económico de África.
Sánchez se dirigió además a los vecinos de Ceuta y reconoció su paciencia y su empatía durante la crisis. Admitió que han vivido momentos de miedo y angustia, y que les cuesta reconocer su propio barrio o llevar una vida normal.
El presidente aseguró que no dejará de trabajar hasta recuperar la normalidad en la ciudad autónoma. Reconoció, no obstante, que ese objetivo no será fácil de alcanzar.