Sánchez cesa a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en Moncloa

María Jesús Montero ha decidido retirarlo también de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ocupaba la Secretaría de Datos

El escándalo por las denuncias de acoso sexual vinculadas al exasesor socialista Paco Salazar continúa generando consecuencias en el PSOE y en el Gobierno. En esta ocasión, la crisis se ha cobrado la salida de Antonio Hernández, considerado mano derecha de Salazar en Moncloa. Pedro Sánchez ha decidido su destitución inmediata, una medida que evidencia la gravedad del caso y la intención del Ejecutivo de marcar distancias con cualquier posible implicación.

La destitución de Hernández será oficializada en el Consejo de Ministros, donde dejará su cargo como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia. Aunque Hernández ha rechazado haber protegido a Salazar, fuentes gubernamentales indican que entiende que debe apartarse para no perjudicar al Ejecutivo. Estas mismas fuentes aseguran que Sánchez ha buscado actuar “con contundencia”, igual que hizo previamente con el propio Salazar.

En paralelo, desde el PSOE se confirma que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido retirarlo también de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ocupaba la Secretaría de Datos. Este movimiento amplía el alcance interno de las decisiones adoptadas y muestra la dimensión orgánica del problema dentro del partido.

«Un error»

La reacción llega justo después de que Pedro Sánchez negara cualquier connivencia en la protección de Salazar. El presidente ofreció el apoyo del partido a las dos militantes que han presentado denuncias, si finalmente optan por acudir a la Fiscalía. En sus palabras, reconoció haber cometido “un error en primera persona”, admitiendo el malestar en el seno del partido y señalando que “debería haber más personal para atender a las víctimas”.

El sector feminista del PSOE ha expresado críticas severas por la gestión del caso, reclamando que se judicialice cuanto antes. Distintas dirigentes lamentan que hayan pasado cinco meses desde la aparición de las primeras denuncias sin que las afectadas hayan recibido una respuesta clara de la organización. Esta falta de reacción temprana, sostienen, ha agravado el malestar interno y ha impulsado las exigencias de mayor responsabilidad política.