Sánchez busca anclar a Ceuta y Melilla en la UE pero llevará tiempo y necesitará el visto bueno de sus socios

El Gobierno buscará su entrada en la Unión Aduanera y que se las considere regiones ultraperiféricas

La entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio ha reabierto el debate sobre el encaje de Ceuta y Melilla en la Unión Europea. El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado tres medidas para reforzar su consideración como territorio europeo: su incorporación a la Unión Aduanera, el reconocimiento como regiones ultraperiféricas (RUP) y una representación permanente en el Comité de las Regiones.

De las tres iniciativas, la más sencilla sería garantizar una «silla permanente» para ambas ciudades en el Comité de las Regiones, ya que España tiene capacidad para modificar su delegación de 21 representantes. Sin embargo, la inclusión en la Unión Aduanera requerirá una solicitud formal de España y posteriormente el acuerdo unánime de los Estados miembros, previa propuesta de la Comisión Europea y consulta al Parlamento Europeo.

El Gobierno reconoce que la exclusión de Ceuta y Melilla de la Unión Aduanera se produjo cuando España ingresó en la UE en 1986. Sánchez atribuye aquella decisión a una «falta de ambición», pero también a la intención de preservar el régimen fiscal especial de las ciudades y «evitar roces diplomáticos» con Marruecos, que mantiene reivindicaciones sobre ambos territorios.

Regiones ultraperiféricas

Más complicada sería la transformación de Ceuta y Melilla en regiones ultraperiféricas. Aunque ambas cumplen el requisito de contar con una superficie reducida, no encajan en las actuales condiciones de insularidad y que caracterizan a las RUP, como Canarias, Azores o Madeira. Además, el Tratado de Funcionamiento de la UE limita el procedimiento simplificado para modificar este estatus a determinados territorios de ultramar.

Por ello, su eventual incorporación exigiría previsiblemente una reforma del Tratado de Funcionamiento de la UE, seguida de un complejo proceso de negociación y ratificación por todos los Estados miembros. El procedimiento podría prolongarse durante años y requeriría incluso redefinir el concepto de región ultraperiférica. En consecuencia, mientras la representación en el Comité de las Regiones puede materializarse con relativa rapidez, las otras dos propuestas afrontan importantes obstáculos jurídicos y políticos.