El Ministerio de Defensa obligó ayer al general auditor del Cuerpo Jurídico del Estado Alfonso Barrada Ferreirós a ir a trabajar a su despacho oficial, tras haber estado éste casi dos años ausente del mismo por razones un tanto kafkianas, según informó FUENTES INFORMADAS el pasado domingo 5 de marzo.
La ministra Margarita Robles lo ascendió en junio de 2021 de coronel auditor del cuerpo jurídico de Defensa a una plaza inexistente/ficticia (no había ninguna vacante) con el cargo de general de brigada del cuerpo jurídico del ministerio. Este es el momento en que desde Defensa y alrededores de la ministra le hicieron promesas todavía incumplidas. La idea era nombrarle presidente del Tribunal Militar Central. El camino está siendo una odisea. Y el final es incierto. Es extraño, pero ha tardado mucho en salir a la luz este asunto, sentencian fuentes militares.
La situación del general Barrada solo parecería un mero pasaje surrealista si no fuera porque en este asunto alguien ha podido cometer un delito, por un no hacer nada, por consentirlo. Las miradas se dirigen hacia el jefe, el también general Antonio Afonso, por permitir tantísimo absentismo en un departamento por el que te pueden caer meses de cárcel por no ir al trabajo más de tres días sin justificación. Afonso y Barrada son amigos. Pero ese es un tema que, si Barrada llegase al Tribunal Militar Central, lo analizará él mismo como juez. Es decir, si hubo algo malo en todo esto.
Lo cierto es que casi dos años después de alcanzar el generalato, nadie conoce a Barrada en el que oficialmente es su despacho, al lado del de Margarita Robles. Su sombra ha sido efímera.
Y la cosa no queda ahí: tras estar el general Barrada sin pisar el despacho casi dos años, la ministra Robles, a mediados del año pasado, le entregó un pedazo de premio, la Gran Cruz al Mérito Naval, cuyas premisas básicas, acudir al menos al puesto de trabajo, incumplía radicalmente desde hacía meses el galardonado.
Lo surrealista de este asunto es, además, que se le ascendió de coronel a general con la promesa (se supone que alguien ya habría convencido al Consejo del Poder Judicial de Rafael Mozo de su nombramiento, o a Lesmes, antes incluso de que el Consejo siquiera lo meditara) de que sería nombrado para el puesto de presidente del Tribunal Militar Central. Pero nada ha salido bien. Es una plaza importante: grandes decisiones del ministerio, sanciones, etcétera, pasan por ahí. Si el presidente del tribunal debe su puesto a la ministra, le costará trabajo después desautorizarla, se supone. Y desde ahí al Supremo, sala de lo Militar.
Pero después del ascenso y las promesas sucedió lo inesperado: lo prometido, y atado, se quedó en el aire, y aún sigue levitando, debido a que el Gobierno de Pedro Sánchez prohibió por ley al Consejo del Poder Judicial efectuar nombramientos de jueces, ni siquiera militares, con la intención frustrada de forzar al PP a negociar el relevo del órgano de gobierno de los jueces.
Este embrollo legislativo dejó al general Barrada en el limbo de lo incierto. Eso sí, dado que ya era general auditor jurídico y, aunque en el ministerio no había vacante, ni se sabe si despacho sobrante, pues las dos plazas con despacho estaban cubiertas, Barrada estaba obligado a ir al despacho oficial. Y nunca fue. Se metió “de okupa”, señalan fuentes militares, en un despacho del Tribunal Militar Central. El deseo.
Se supone que convencidíiisimo de que esa iba a ser su futura silla. Posiblemente, este es el caso más prematuro de acercamiento al sillón de un eventual cargo de la reciente historia de España. No se sabe de ningún caso así anterior. Es decir, ¡¡como sé que me van a nombrar sí o sí, pues empiezo a calentar la silla ya, dos años antes!!!. “Este es el futuro presidente, el jefe”, se dirían unos a otros sus colegas jueces al verle sentado en aquella habitación jurídica. Esperando a Godot.
La espera de Penélope
Era un esperar allí hasta que la situación se desbloquease. Pero los días pasaban y al lado del despacho de Robles en el ministerio seguían sin conocer al general Barrada. Y el nombramiento de presidente, ni se sabe. También debe ser el primer caso de un general asesor jurídico que se aleja del despacho vecino del de Robles.
Muchos meses después de aquellas promesas, hoy todavía siguen bloqueados los nombramientos y Barrada, que hace muchos meses empezó a escribir un libro, sumió su mente en la dispersión. “Aquí espero, en la plaza, cuando me den el puesto ya me avisarán, pero de aquí no me muevo”, debió pensar Barrada.
Es en este contexto, tras la publicación en este periódico el pasado domingo de esta singular historia castrense, cuando el departamento de Margarita Robles ha decidido actuar y le ha comunicado que desde ya debe incorporarse a su despacho oficial, al lado de Margarita Robles. No al del Tribunal Militar Central, sino al que hay en la cuarta planta del Ministerio, a tiro de piedra de la ministra, por si hay más escaqueos. Los jurídicos son los que asesoran a Robles.
Los elementos que rodean el caso de coronel ascendido a general, con independencia de su valía profesional, que nadie cuestiona, aunque ha estado mucho tiempo fuera de la Armada, en tareas civiles, es un claro ejemplo de enchufismo perpetrado desde Defensa con efectos colaterales que nadie había intuido. Quién iba a decir que…
Primero: ha sentado rematadamente mal en el cuerpo jurídico militar todo este asunto. Las circunstancias concomitantes, con premio y complemento dinerario de, atención, 1.100 euros al mes que, como si fuese una premonición, salen de los presupuestos del Tribunal Militar Central. Y el motivo es “por dedicación especial”. Sí, como suena. Dos años huido del despacho oficial y premio al canto.
Es decir, cuando todavía Barrada ni siquiera sabe si será finalmente nombrado, ni cuándo, ni si cambiará antes el Gobierno y se queda esperando igual que Penélope… el general tiene un despacho en teoría de okupa en el tribunal central militar, no ha querido ir al oficial. .
Fuentes de su entorno señalan que dispone de un nombramiento oficial para estar en el Tribunal Militar Central, de coordinador. (Ver la versión íntegra, en la parte inferior de este texto, que han ofrecido fuentes del entorno del general sobre este peliagudo asunto). Es decir, qué hace en el Tribunal Militar Central si el Poder Judicial no lo ha nombrado aún. Y quién sabe si podrá hacerlo al final. Están bloqueados los nombramientos, por mucho que a él le hayan prometido ese puesto.
Pero si la espera se hace demasiado larga, a lo mejor, ya puestos, este Gobierno se va y lo nombra el PP, pero por pena… un premio al saber esperar, un premio para quien ha madrugado más que nadie para oler la moqueta del Tribunal Militar Central… El puesto ofrecido. Su apego está fuera de toda duda.
Porque, además, le están pagando del presupuesto del Tribunal Militar Central 1.100 euros al mes, que se unen a los 6.000 brutos que percibe. Por cierto, los que cobran ese complemento del Tribunal no están demasiado contentos con que les hayan bajado un pelín los suyos para repartirlo con alguien que sueña con estar en este tribunal y que se ha puesto un despacho allí antes de que lo nombren, Es la primera vez que alguien empieza a cobrar los complementos de un puesto con tanta antelación, con el Consejo aún bloqueado. Y sin saber si al final le nombrarán o no.
Lo dicho, son escenas que parecen sacadas de una obra de Valle Inclán, la deformación de las cosas. Y es que Defensa, tras ascenderle a general, y esta sí que es tremenda, le entregó además el año pasado a Barrada la Gran Cruz al Mérito Naval. A Barrada, sí. Que por entonces llevaba casi un año y medio sin pisar despacho, el suyo oficial. “Todo un escándalo”, aseguran fuentes militares a este periódico.
Al ser de la cuerda del entorno de Robles, la intención no era mala: era ascenderlo a general y llevarlo después al Tribunal Central Militar, que es el que analiza las sanciones que imponen a militares la propia ministra y otros altos cargos de Defensa. Se trataba, pues, de tener a una persona de confianza del ministerio en ese alto cargo, pero todo salió de aquella manera… Falló el Consejo. Y Barrada se quedó también bloqueado, pero abrazado al tribunal.
Defensa no contó con la paralización de nombramientos en el Consejo del Poder Judicial. Sánchez impuso esa paralización para forzar al PP y al Consejo a renovarse, pero la jugada, en este caso, tuvo un efecto colateral indeseado. Barrada se anticipó dos años al nombramiento prometido y ocupó allí un asiento de antesala. La suya quizás no sea la gran espera de los últimos años… Pero él tiene una ventaja: ya ha olido la moqueta del tribunal prometido e incluso cobrado de sus arcas. Esperando el nombramiento.
POSTDATA
La situación de Barrada, al margen de bromas, es decir, no ir al puesto de trabajo con aquiescencia de su jefe, ha causado alarma entre otros altos cargos militares, y el hecho de que el jefe, el general Afonso, no le obligara a ir es entendido como un posible delito (artículo 80 del Código Penal Militar). Tras denunciar esta situación Fuentes Informadas, Defensa le ha obligado a ir al despacho oficial, dado que la situación podía desembocar en un delito si la Fiscalía Militar, o la general del Estado, hubiese tomado cartas en el asunto, pero no lo ha hecho.
Durante estos dos años de, en puridad, absentismo consentido, el general Barrado ha cobrado al mes un complemento de “dedicación especial” de 1.156 euros, correspondiente a su salario de general auditor, que asciende a casi 6.000 euro brutos al mes, con 14 pagas anuales; es decir, unos 4.000 euros netos al mes. Y lo llamativo es que ese complemento ha salido del presupuesto del propio tribunal militar central, donde no tenía plaza, lo que, según fuentes militares, “constituye el colmo de la situación irregular, fraudulenta y presuntamente delictiva que se viene desarrollando durante meses sin que nadie, hasta que este periódico lo ha denunciado, la atajase. Al darle sin presupuesto a Barrado ese complemento de “dedicación especial”, como suena, ello ha redundado en el importe de los complementos que recibían el resto de miembros del cuerpo jurídico que sí estaban destinados legalmente en el Tribunal Militar Central y que desempeñan diariamente sus cometidos en él.
Fuentes militares aseguran que “la guinda de este podrido fraude” se produjo a mediados de 2022, cuando, a propuesta de la ministra Robles, el Gobierno concedió a Barrada la Gran Cruz del Mérito Naval, que le fue entregada, según el Real Decreto 479/2022, de 14 de junio, “en atención a los méritos y circunstancias que concurren” en el galardonado.
En ese momento, el general Barrada llevaba un año y medio sin acudir a su despacho oficial. El galardón le fue concedido, según la orden, “por méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos, que se efectúan durante la prestación de las misiones o servicios que ordinaria o extraordinariamente sean encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionadas con la defensa”.
Fuentes militares ignoran qué “mérito, trabajos, acciones, hechos o servicios ha realizado el general auditor Barrada desde su ascenso al empleo de general, pues ha permanecido en su domicilio, ausente del destino que ficticia y fraudulentamente se le había atribuido”. El 8 de diciembre de 2022, el general Barrada pronunció, además, un encendido discurso militar ante altos cargos de Defensa y ante otros militares que no daban crédito a lo que “veían y oían” en agradecimiento a la condecoración recibida.
Fuentes militares explican: “La situación, en un cuerpo desanimado y con los ascensos paralizados y en el que algunos de sus miembros pasarán a la reserva sin alcanzar siquiera el empleo de coronel auditor, resulta inédita. No se producen vacantes de general auditor, si bien, un coronel bien relacionado con los amigos de la ministra, procedente del cuerpo jurídico de la Armada, como todos ellos, parecen haber construido una especie de organización de socorro mutuos a fin de saltar y desplazar a los miembros del cuerpo que no proceden de la Armada), es ascendido sin vacante y permanece casi 20 meses sin acudir al destino que ficticiamente se le atribuyó, gozando para ello de la complicidad de las autoridades políticas y del asesor jurídico general de la defensa, que permite esta prolongada ausencia sin dar cuenta a las autoridades fiscales o judiciales militares”.
Los citados medios vaticinan que el siguiente militar que será promocionado por una vía similar a la de Barrada será el generala auditor Antonio Pulido Ortega, actual asesor jurídico del Cuartel General del Ejército del Aire.
Versión que ofrecen de este asunto fuentes del entorno del general Barrada
Fuentes del entorno del general Barrada han hecho llegar una nota a este periódico en la que explican su posición. Es la siguiente: “El día 26 de mayo de 2021 se produjeron dos vacantes de general auditor en el Cuerpo Jurídico Militar por pase a la reserva de los oficiales que las desempeñaban: la primera, Vocal del Tribunal Militar y la segunda, Asesor Jurídico del Ejército del Aire”.
“En esas dos vacantes”, añaden, “ascendieron, el 1 de junio, dos coroneles auditores, el primero de ellos [él], Alfonso Barrada Ferreirós. El segundo coronel en ascender a general fue destinado como Asesor Jurídico del Ejército del Aire y se asumía que el general Barrada Ferreirós sería nombrado Vocal del Tribunal Militar Central, dado que hasta el momento de su ascenso ocupaba el puesto de Juez Togado Militar Central n.º 1 y tenía una amplia experiencia en destinos propios de la Jurisdicción Militar y la Fiscalía Militar.”
La nota añade: “La vacante del Tribunal Militar Central se produjo después de que entrase en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada por la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se impedía que un Consejo General en funciones nombrase cargos judiciales discrecionales. Sin embargo, la exposición de motivos de aquella reforma, al mencionar los puestos judiciales que no podían ser nombrados por el Consejo en funciones, no citaba ninguno de los pertenecientes a la Jurisdicción Militar”.
“Por ello, se entendió que la vacante del Tribunal Militar Central no estaba afectada por aquella reforma, poniéndose en marcha el procedimiento para cubrirla. Fue anunciada en el BOE del 16 de junio de 2021; el general Barrada Ferreirós fue el único que la solicitó; y el expediente de la misma fue enviado al Consejo General del Poder Judicial con el preceptivo informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central”.
“Sin embargo”, prosigue la citada nota, “cuando llegó el momento de asignar esa vacante, el Consejo General del Poder Judicial había llegado a la conclusión de que, aunque no estuviera mencionado en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 4/2021, aquél era uno más de los puestos judiciales discrecionales que la reforma le impedía asignar. Por lo que la vacante quedó sin cubrir”.
“Antes de llegar a ese momento y en tanto no se producía la resolución del Consejo General del Poder Judicial (que suele demorarse entre cuatro y seis meses desde que se produce la vacante), se dispuso ‒como en los dos casos anteriores en que el Consejo ha nombrado vocales del Tribunal Militar Central (en 2107 y 2019)‒ que el general Barrada Ferreirós pasase destinado a la Asesoría General del Ministerio de Defensa. Una vez en ella, se le encomendó el enlace con los órganos de gobierno de la Jurisdicción Militar, que es una de las funciones que el real decreto de organización del Ministerio de Defensa le atribuye a la Asesoría General del Ministerio. Por esta razón, el general auditor Barrada Ferreirós ocupó un despacho en el mismo edificio donde tiene su sede el Tribunal Militar Central, cuya Sala de Gobierno es el único órgano de gobierno de la Jurisdicción Militar”.
Méritos para el ascenso
Por otra parte y en cuanto a los méritos para el ascenso del general Barrada Ferreirós, “debe recordarse”, prosigue la nota, “que Barrada ingresó en el Cuerpo Jurídico de la Armada en 1984, como número uno de su promoción. Después de servir en destinos de la Armada en Ferrol y en Palma de Mallorca, pasó al Ministerio de Defensa y desde allí, en 1991, a la Fiscalía Togada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, donde estuvo destinado, en esa primera ocasión, más de nueve años”.
“En el año 2000 ingresó en la Carrera Judicial, con la categoría de magistrado, por concurso entre juristas de reconocida competencia (pasando a excedencia en el Cuerpo Jurídico Militar), siendo destinado como Juez de Vigilancia Penitenciaria Único del Principado de Asturias y después como Juez de lo Social n.º 26 de Madrid.
“En el año 2008 volvió al servicio activo en el Cuerpo Jurídico Militar (quedando en excedencia en la Carrera Judicial), desempeñando puestos de Vocal del Tribunal Militar Territorial Primero (Madrid), Asesoría Jurídica de la Armada, de la que fue Segundo Jefe, Fiscalía Togada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y Juez Togado Militar Central n.º 1”.
Barrada, según estos medios de su entorno, “es especialista en Derecho Penal Militar y Diplomado en Alta Gestión de Recursos Humanos por el CESEDEN. Fue Asesor Jurídico de la Brigada Española en Bosnia y Herzegovina entre 1998 y 1999 y del Cuartel General (embarcado) de la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Océano Índico en 2009”.
Además, es autor de numerosas publicaciones y profesor del Máster de Derecho y Negocio Marítimo de ICADE.
“Y fue el número uno en la evaluación para el ascenso a coronel (2017); el número uno la primera vez (2019) que fue evaluado para el ascenso a general (pero no pudo ascender por no haber realizado el curso preceptivo antes de que se produjeran las vacantes); y era el número uno de la segunda evaluación (2020) para el ascenso a general cuando en mayo de 2021 se produjo la vacante en la que ascendió. En todas esas evaluaciones, siempre ha ocupado uno de los primeros puestos (cuando no el primero, como en 2017) en la encuesta de prestigio que se realiza entre compañeros, superiores y subordinados, del Cuerpo Jurídico Militar”, aseguran las citadas fuentes.