La UE y EE UU denuncian las atrocidades cometidas por el régimen militar de Birmania

Hace tres años el ejército birmano derrocó al Gobierno electo democráticamente y la violencia contra los civiles aumenta exponencialmente

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, y los ministros de Exteriores de varios países, encabezados por Estados Unidos, denuncian en el tercer aniversario del golpe de Estado de Birmania las «atrocidades» cometidas por el régimen militar.

«Hace tres años, el 1 de febrero de 2021, el Ejército birmano derrocó al Gobierno democráticamente electo, deshaciendo una década de avances. Bajo el régimen militar, la violencia contra los civiles ha aumentado y miles de personas han sido encarceladas, torturadas y asesinadas», reza un comunicado conjunto firmado también por Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur y Reino Unido.

Estos países, que han «condenado en los términos más enérgicos posibles las actuales atrocidades y violaciones de Derechos Humanos del régimen militar», como la violencia sexual y de género, y la restricción de libertades fundamentales, han criticado la discriminación «sistemática» contra miembros de grupos religiosos y étnicos, incluidos los rohingya.

«Muchos están desplazados y siguen enfrentándose a condiciones terribles, y otros se han visto obligados a huir a través de las fronteras de Birmania», lamenta, y hace referencia a que las acciones de los militares «han alimentado una creciente crisis humanitaria» con 2,6 millones de personas desplazadas de sus hogares y más de 18 millones de personas necesitadas.

Denuncias por parte de los países

Los jefes de la diplomacia denuncian ataques aéreos, bombardeos e incendios provocados para destruir infraestructura civil, y reitera su llamamiento al comandante jefe del Ejército «a cambiar de rumbo, cesando de inmediato la violencia contra los civiles, liberando a todos los prisioneros políticos detenidos injustamente, permitiendo el pleno acceso humanitario y creando un espacio para un diálogo inclusivo con todas las partes».

Mientras que han alentado «firmemente» los esfuerzos de las organizaciones regionales para resolver la crisis y han apoyado las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, solicitan a Naciones Unidas que fortalezca sus esfuerzos a través del nombramiento de un enviado especial y un coordinador residente, al tiempo que han pedido a la comunidad internacional que apoyen los esfuerzos para una tregua y el establecimiento de un «futuro democrático creíble y pacífico».

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido en el tercer aniversario del golpe de Estado que desplazó del gobierno civil en Birmania a Aung San Suu Kyi de que «la crisis continúa deteriorándose» y de que esto tiene «impactos devastadores para los civiles». «En este sombrío aniversario» subraya la «urgencia» de forjar un «camino hacia una transición democrática con un retorno a un gobierno civil».

Prórroga del Estado de emergencia

En la víspera del aniversario, el régimen militar que gobierna Birmania ha anunciado una nueva prórroga de seis meses del Estado de emergencia que se mantiene en vigor desde la toma de poder militar, cuando el Ejército se enfrenta a una de los mayores desafíos por parte de los grupos armados rebeldes desde la asonada militar. Está previsto que la prórroga se mantenga hasta el próximo 31 de julio.

El pasado mes de octubre, tres grupos rebeldes anunciaron la puesta en marcha de una ofensiva en el estado de Shan, lo que ha suscitado comentarios por parte de las autoridades de China ante el peligro de una expansión del conflicto. Si bien a finales de 2023 llegaron a un acuerdo temporal de alto el fuego gracias a la mediación de China, los enfrentamientos continúan en varias provincias del país asiático.

El golpe fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la entonces líder de facto, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.