Los pasajeros aéreos en Europa podrían enfrentarse a un duro aterrizaje de sus derechos si prospera la reforma del Reglamento CE 261. Y en España, la propuesta ya ha generado turbulencias: un 73% de los ciudadanos la rechaza de forma tajante, según una encuesta de YouGov para Flightright. Este porcentaje sitúa a nuestro país a la cabeza del descontento, por delante de Alemania, Dinamarca y Francia, según una información publicada en Europa Press.
¿La razón? El nuevo reglamento plantea que solo habría compensación económica si el retraso supera las 12 horas, triplicando el umbral actual. El resultado sería devastador para los derechos del viajero: más del 85% de las reclamaciones quedarían anuladas de facto. Todo a cambio de una hipotética rebaja en el precio del billete de apenas un euro.
Sin embargo, no todo el debate gira en torno al rechazo. Un 88% de los encuestados reclama actualizar las compensaciones congeladas desde 2004, mientras que el 78% propone ampliar el plazo mínimo de aviso por cancelación a 8 semanas. Además, un 83% pide automatizar las compensaciones por pérdida o deterioro del equipaje.
La paradoja es clara: aunque la mayoría apoya una normativa más eficiente y justa, solo un 14% conoce realmente sus derechos. Un 40% ni siquiera ha oído hablar de la reforma. Ante esta desconexión entre ciudadanos y legislación, la APRA ha lanzado una campaña para evitar que Bruselas vuele en dirección contraria al interés de los pasajeros.
Porque, al fin y al cabo, cuando se trata de nuestros derechos, nadie quiere perder el vuelo.