PP, Vox y Junts tumban otro ‘decreto trampa’ del Gobierno que vincula el escudo social con la Okupación

El Congreso deroga la moratoria antidesahucios y el tope de precios en emergencias tras el voto conjunto de la oposición y Junts

El Congreso vivió este jueves una sesión cargada de tensión política. PP, Vox y Junts unieron sus votos para tumbar dos decretos clave del Gobierno. Entre ellos, el que prorrogaba el llamado escudo social, una batería de medidas que incluía la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables, los Okupas. El Gobierno vincula lo de los Okupas con el escudo social para forzar a la oposición a que apruebe a la vez algo que no desea, lo de los Okupas, y el escudo social, que sí lo desea, el escudo social. Es otra treta del z Gobierno de Sánchez, ya lo hizo con lo de la subida de las pensiones, que también lo vínculó al tema de los Okupas, una imposición de sus socios de Podemos y Sumar.

Los decretos estaban en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros. Sin embargo, la Constitución obliga a que el Congreso los convalide en un plazo de treinta días. Esta vez, no superaron ese trámite. La suma de 177 votos en contra bastó para derogarlos.

El debate se centró en la protección frente a los desahucios. PP, Vox y Junts cuestionaron que el Gobierno mantuviera medidas que, a su juicio, podían favorecer situaciones de okupación. Desde el Ejecutivo defendieron que el objetivo era blindar a familias en situación de vulnerabilidad, no amparar conductas ilegales.

El decreto del escudo social no solo incluía la moratoria. También actualizaba las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, ampliaba descuentos del bono social eléctrico y establecía exenciones fiscales para afectados por incendios y por la dana. Su caída deja en el aire ese paquete de medidas.

El tope de precios y el pulso político

La Cámara también rechazó otro decreto impulsado por el Ministerio de Consumo. Esta norma permitía fijar un límite de precios en productos y servicios cuando se declarara una situación de emergencia. El Gobierno pretendía evitar abusos en contextos como temporales o catástrofes naturales, según Europa Press.

La propuesta establecía que ningún precio podría superar el máximo registrado en los treinta días previos a la emergencia. Para el Ejecutivo, era una herramienta de protección frente a la especulación. Para sus detractores, suponía una intervención excesiva del mercado.

El rechazo de ambos textos evidencia la fragilidad parlamentaria del Gobierno. Cada votación se convierte en una negociación compleja. En esta ocasión, Junts volvió a marcar distancia y criticó el uso de decretos ómnibus que agrupan medidas diversas en un solo texto. Exigió separar iniciativas y evitar lo que calificó como “chantaje legislativo”.

No todos los decretos corrieron la misma suerte. El Congreso sí convalidó la revalorización de las pensiones para 2026 y las ayudas económicas destinadas a víctimas de accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida. Esas medidas lograron un respaldo suficiente.

La sesión deja una imagen clara: el equilibrio parlamentario es frágil y las alianzas cambian según el contenido de cada norma. Más allá del pulso político, la caída del escudo social reabre un debate sensible. ¿Dónde termina la protección a los vulnerables y dónde empieza el riesgo de abuso?

En tiempos de incertidumbre económica y climática, las decisiones legislativas tienen impacto directo en miles de personas. El Congreso ha hablado. Ahora, el Gobierno deberá decidir si reformula las medidas o busca nuevas mayorías para sacarlas adelante.