¿Por qué no respetar la ISO 17025?

Entre el ‘goodwill’ institucional y el ‘know-how’ de la verdad científica

El equilibrio procesal: la responsabilidad de no errar

«Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.» Santiago 4:17

Antes de profundizar en la praxis forense, es imperativo comprender qué representan las normas ISO. Se trata de estándares internacionales de calidad que establecen los requisitos que un laboratorio debe cumplir para demostrar que es técnicamente competente y capaz de generar resultados válidos. En el ámbito forense, estas normas

sirven para garantizar que cada análisis, desde la recolección de evidencia hasta el dictamen médico, sea reproducible, inatacable y carente de sesgos. Implementar estas normas no es un lujo, es el blindaje que asegura la rigurosidad científica y protocolar, garantizando que la verdad no sea una interpretación subjetiva, sino un hecho comprobable.

La medicina forense, por su propia naturaleza, debe ser el baluarte de la transparencia y la precisión. Sin embargo, surge una interrogante inquietante: ¿Qué necesidad hay de crear confusión en un ámbito donde la claridad debería ser la norma? ¿Qué necesidad hay de enredar todo desde un principio si se puede hacer todo bien desde el comienzo? ¿O es que acaso se oculta algo y se hace de esta manera deliberada para confundir? Cuando los procedimientos no son transparentes desde su génesis, la justicia se ve comprometida por una bruma de dudas que parece ser provocada ex profeso. Es fundamental subrayar que cuando el rigor impera, no hay necesidad de retórica defensiva.

Hay un aspecto que debemos tomar en cuenta cuando se trata de peritajes médicos forenses que tienen como finalidad determinar la responsabilidad penal de ciudadanos que, por el peso de esos mismos peritajes, podrían ser privados de su libertad. La medicatura forense debe pensar, si bien preponderantemente en la víctima, también de manera equilibrada en el acusado. Los delitos a los que se contraen las lesiones peritadas exigen una rigurosidad científica y protocolar inmaculada; hacerlo bien desde la primera vez es un imperativo ético. No se puede pretender, a través de peritajes mal hechos, viciosos, viciados, confusos y carentes de protocolo, hacerse acreedores de buen prestigio. El goodwill —ese buen nombre del que goza la empresa privada cuando a pulso se lo gana — y el know-how —el saber hacer técnico— deben ser también el norte de las instituciones forenses.

Es imperativo reflexionar: si las personas naturales cuidan con celo su dignidad y honor, ¿por qué no habría de hacerlo una institución moral como la medicatura forense? La dignidad institucional no es un concepto abstracto; se manifiesta en el respeto absoluto a la verdad y en la pulcritud de sus actuaciones. Descuidar la imagen y la dignidad institucional a través de la ligereza técnica es una forma de deshonra que socava la confianza del soberano en la administración de justicia. Quienes cumplen con las normas ISO son premiadas y reconocidas con la acreditación de competencia técnica, un galardón que otorga validez internacional a sus resultados. ¿Por qué dejarse arrastrar por la desidia de querer hacer las cosas como una tarea cotidiana, como si fuera lo mismo de siempre? Una institución acreditada goza de la confianza pública; es un reconocimiento a la excelencia que parece despreciarse cuando se opta por la mediocridad operativa y la falta de rigurosidad científica y protocolar.

Si las instituciones conocen los procedimientos y poseen el personal especialmente capacitado, ¿por qué no se les asignan las tareas que les corresponden? Resulta inexplicable que se utilice a personal sin la especialidad requerida mientras el staff de profesionales idóneos queda al margen. Se observan con frecuencia lo que podríamos denominar designaciones cruzadas, las cuales no son correctas ni éticas. Verbigracia,

¿qué sentido tiene que un médico general realice un peritaje sobre lesiones específicas que corresponden por experticia a un especialista, si la institución cuenta con ellos? Estas asignaciones erráticas desdicen de la imagen institucional, pues es en el detalle específico donde se muestra la suficiencia de una institución forense.

Desde la sociología de las organizaciones, debemos advertir que la justificación del error es la semilla de la corrupción. Tal como sucede en el núcleo familiar, donde el padre que justifica las faltas del hijo en lugar de corregirlas termina por reforzar la conducta desviada, la institución forense que intenta dar la vuelta a lo mal hecho para ocultar su carencia de rigor, termina por institucionalizar el vicio. No se puede eliminar lo incorrecto si se le busca un argumento falaz para validarlo; por el contrario, se crea una cultura de impunidad donde la ética y la técnica son sacrificadas en favor de la complicidad orgánica. ¿Para qué entrar en controversia y designar a un médico no especialista argumentando forzadamente que su actuación no es intrusiva? Si se hace todo bien y correcto desde el principio, no hay necesidad de justificar lo incorrecto buscando argumentos que pretendan validar lo que está mal hecho.

En este punto, es necesario denunciar la falacia del desvío forense; verbigracia, cuando las instituciones dicen tener pruebas que constituyen la base de un peritaje escrito, pero nunca muestran las imágenes que dicen poseer. Si se tiene una prueba que sirve de fundamento, ¿por qué no se enseña? El propósito de no enseñar aquello que debería constar solo sirve para debilitar, viciar y anular el peritaje. ¿Por qué dejar el margen a la duda y al qué dirán? El respeto a los estándares como el Protocolo de Minnesota y el de Estambul es obligatorio. No obstante, observamos con asombro peritajes a la ligera, sin el uso del testigo métrico, sin la fijación fotográfica y omitiendo la hora exacta de la evaluación. Si saben el «cómo», ¿por qué lo hacen mal? No guardar las apariencias sugiere que se intenta hacer pasar por válido algo que carece de sustento real y donde la rigurosidad científica y protocolar brilla por su ausencia.

Un peritaje con rendijas técnicas se vuelve atacable por necesidad. Esto nos lleva a concluir que, si no lo hacen inatacable —pudiendo hacerlo—, es porque la verdad que pretenden certificar es inexistente. ¿Qué necesidad hay de generar duda cuando se puede generar certeza? Cuando se hace mal lo que se sabe hacer bien, se está creando una ficción jurídica. La justicia que emana de un dictamen oscurecido no es más que una sombra de la verdad, y quienes omiten el rigor científico siendo expertos, incurren en una falta que trasciende lo técnico para entrar en el terreno de la responsabilidad moral y legal.

«La justicia que se ensaña con el inocente para dar ejemplo, no es justicia, es un sacrificio pagano en un altar de leyes.» Doctor Crisanto Gregorio León

Doctor Crisanto Gregorio León

Profesor Universitario