Hoy: 22 de noviembre de 2024
Hay una conversación con dirigentes rusos en la que se habla de enviar a Cataluña 10.000 soldados rusos para ayudar a la independencia de Cataluña y los términos de esa grabación es lo que quiere aclarar Joaquín Aguirre, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que ha pedido al Tribunal Supremo (TS) investigar a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas por la llamada trama rusa del ‘procés’, y ha abierto una pieza separada.
En el auto, consultado este viernes por Europa Press y la asociación Apedánica, el juez asegura que en esta pieza separada se investigan delitos de traición y malversación de caudales públicos por la supuesta vinculación de líderes independentistas con autoridades rusas, sobre todo después de la organización del 1-O.
El juez quiere aclarar una conversación en la que se mencionaba a “10.000 soldados rusos” para ayudar a Cataluña a conseguir la independencia.
Actualmente, están investiga hasta 11 personas, entre las que se encuentran el jefe de gabinete de Puigdemont y su abogado, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye; el diputado Francesc de Dalmases; la exconsellera Elsa Artadi, y el entonces encargado de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, entre otros.
El objetivo de la nueva pieza es “investigar, a instancia también del Parlamento Europeo, todas las conexiones relacionadas con el Gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores y las actividades realizadas por éstos, que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social”.
“Los documentos más relevantes hallados en las entradas y registros del 18 de mayo de 2018 fueron la agenda y los dos móviles de Terradellas, ya que siguiendo su contenido y cruzando los datos con el resto de los innumerables documentos incautados en papel y digitales han permitido el hallazgo de una abundante cantidad de indicios de los delitos que se tratan en este escrito”, añade el auto.
También relata como “diferentes países de la Unión Europea dieron la espalda al secesionismo catalán en un momento en que sus deseos de independencia coincidieron en el tiempo con la política de Rusia, ambos intereses configuraron el ‘procés’ como el escenario idóneo de sus mutuos intereses”, y que para los rusos el ‘procés’ era una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente, en sus palabras.
“En el peor de los casos, si el proceso de secesión de Catalunya fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia”, asegura.
Por contra, si hubiera finalizado con éxito, Rusia “habría contado con ‘una puerta trasera’ para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Catalunya, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas”, sostiene el juez.
Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, ha criticado la decisión del juez instructor Joaquín Aguirre de pedir al Tribunal Supremo que investigue al expresidente de la Generalitat por presunta traición en una pieza separada sobre la llamada trama rusa: “Los psicotrópicos son peligrosos” y causan “delirios”, ha dicho.
“A ciertas edades y a ciertas horas los psicotrópicos son peligrosos, porque permiten que se produzcan delirios como lo que estamos leyendo en estas páginas que ha escrito el juez Aguirre con dinero público”, ha dicho el abogado en declaraciones a RAC1. Reprochado al instructor que “se haya saltado” la orden de la Audiencia Provincial de Barcelona, que en julio de 2023 informó al juez de que se le había agotado el plazo para investigar.
Por parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido al Gobierno una “respuesta” para proteger la democracia española tras conocerse la investigación sobre “las injerencias de Rusia”, al tiempo que le ha instado a “permitir que todos los instrumentos del Estado se pongan al servicio de la protección” de España. Dicho esto, ha avisado además que la “ilegal” e “inconstitucional” ley de amnistía “no da cobertura” en esto a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas.
Así se ha pronunciado Gamarra después de que el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, haya pedido al Tribunal Supremo investigar a los expresidentes Puigdemont y Mas por la llamada trama rusa del ‘procés’ y haya abierto una pieza separada.
En una rueda de prensa en el Senado, Gamarra se ha hecho eco de ese auto que “imputa a políticos de partidos independentistas” por su “vinculación con Rusia” y a recalcar que se trata de algo de “máxima gravedad” que “preocupa enormemente” al PP dado que esos indicios “están fundados en investigaciones policiales”.
“Es necesario que el Gobierno de España se pronuncie ante la gravedad de los hechos que están siendo investigados. Las injerencias de Rusia en la democracia española tienen que tener una respuesta por parte del Gobierno de España, que tiene la obligación no solo de proteger a España sino también proteger la democracia española y, con ello, lo que significa la democracia en Europa”, ha aseverado.
Ajeno a las preocupaciones del PP, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que la ley de amnistía es “muy clara” en relación con los delitos que se están investigando en la supuesta trama rusa del ‘procés’.
En una rueda de prensa previa a su reunión en Zaragoza con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el ministro ha señalado que “incluso la ley de amnistía lo que hace es reflejar y estar en línea con la Carta de Naciones Unidas” y que “es clarísimo los requisitos que se establecen en relación con ese procedimiento”, en referencia a la trama rusa.
En ese sentido, ha recalcado que espera que “el Estado de derecho de España funcione”, así como la separación de poderes, y que, por tanto, “el Parlamento apruebe las leyes de manera democrática y los jueces apliquen las leyes que el Parlamento ha decidido”.
“Yo estoy convencido de que los tribunales de este país aplicarán la literalidad que el legislador ha querido con la ley de amnistía”, ha puntualizado.