Avance legal para el uso de las lenguas de signos

Elaborado un documento práctico, útil y garantista que parta de una visión integral de las personas sordas y sordociegas, y que posibilite su derecho a elegir comunicarse en lengua de signos sin que se las discrimine por ello

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha aplaudido la creación del Reglamento de las condiciones de utilización de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, como ha acordado este martes 18 de julio el Consejo de Ministros.

Como señala el CNSE, este Real Decreto ratifica las condiciones de utilización de la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

“La Ley 27/2007 supuso un hito en lo referente al reconocimiento de los derechos de las personas sordas. Si bien, como toda ley, requiere de actos de aplicación específicos que aseguren su cumplimiento y concreten su alcance”, ha señalado el presidente de la CNSE, Roberto Suárez. “Tras dieciséis años de reivindicaciones, nuestro esfuerzo y perseverancia por fin han dado su fruto”, ha añadido.

No obstante, aunque todavía no se conozca el texto definitivo del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley (pendiente aún de publicación en el BOE), la organización ha detallado que se muestra “confiada” en que esta nueva norma facilite que el articulado de la Ley “aterrice en medidas concretas para la ciudadanía sorda”.

“Hemos participado junto al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y otras entidades en la creación de un documento práctico, útil y garantista que parta de una visión integral de las personas sordas y sordociegas, y que posibilite su derecho a elegir comunicarse en lengua de signos sin que se las discrimine por ello”, han comentado desde la ONG.

Por otro lado, han explicado que la aprobación del Reglamento debería contribuir a que el cumplimiento de la ley fuera igualitario en todo el territorio español, de manera que todas las personas sordas tengan acceso al ejercicio pleno de sus derechos independientemente del lugar donde vivan.

“Aunque se trate de una ley estatal, las Comunidades Autónomas pueden y deben regular de manera más concreta la forma en que van a aplicar esta norma en su territorio y, facilitar así, la igualdad de oportunidades de toda la población sorda”, ha apuntado el presidente de la CNSE.

En este sentido, Suárez ha asegurado que tras la aprobación del Reglamento de la ley, la labor de la CNSE y su movimiento asociativo se convierten en fundamentales para lograr la plena implementación de este texto normativo. “Pondremos en marcha una estrategia de seguimiento para el compromiso de las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de todos sus mandatos”, ha concluido.