Quién es quién en el ‘caso Koldo’, la trama que ha hecho tambalear al Gobierno

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los implicados presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias

La Audiencia Nacional investiga a siete personas implicadas en el caso Koldo, la causa sobre la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia.

La Fiscalía Anticorrupción les atribuye a todos presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Fueron detenidos la semana pasada en el marco de la operación Delorme, comparecieron ante el juez Ismael Moreno y permanecen en libertad.

Para el Ministerio Público, hay indicios suficientes para concluir que existe “una organización criminal” con “conciertos previos” que se dedicó a “conseguir la adjudicación” de contratos. Los cobros habrían sido obtenidos por Koldo García “para mediar y conseguir” dichas adjudicaciones. También se habrían llevado a cabo “operaciones para ocultar estos cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las adjudicaciones irregularidades”.

En total, están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros. Aunque en el sumario de la causa al que ha tenido acceso Europa Press figuran más de una decena de nombres, de momento solo siete personas están imputadas y son:

Koldo García

Da nombre al caso y fue asesor del exministro Ábalos. Según la Fiscalía Anticorrupción, es la persona a la que recurría la trama para “agilizar” trámites con el Ministerio de Transportes en la contratación durante la pandemia para la venta de mascarillas, facilitando los procesos de adjudicación de material a la empresa Soluciones de Gestión.

Según los investigadores, Koldo aumentó su patrimonio en 1,5 millones de euros entre 2020 y 2022, al pasar a ser titular, directo o indirecto, de bienes muebles e inmuebles, como tres viviendas en Benidorm (Alicante), meses más tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones públicas a la empresa de la trama.

Víctor de Aldama

Es el presidente del Zamora CF y aparece en el sumario como el presunto conseguidor de la trama, dado que, en aquellas fechas tenía “cierta prevalencia” en el Ministerio de Transportes, por lo que “habría influido” para que los contratos acabaran siendo adjudicados a Soluciones de Gestión.

Anticorrupción, que considera que De Aldama se generó un beneficio económico de 5,5 millones de euros, relata en su querella que cuando tuvo conocimiento de que Transportes necesitaba adquirir material sanitario, como él mismo no disponía de los medios necesarios ni de la financiación suficiente para hacerlo en solitario, contactó con Soluciones de Gestión y con el grupo Cueto, que controlaba la empresa y sí que tenía la capacidad para ejecutar el contrato.

Juan Carlos Cueto

Considerado el presunto ‘cerebro’ de la empresa vértice de la trama, la Fiscalía sostiene que tuvo una “relación directa y estrecha” con el exasesor de Ábalos “que no se circunscribe únicamente a la adjudicación de los contratos”. Según la Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros.

Es el único de los siete investigados que ha declarado de momento ante el juez, al que aseguró que con su actuación trató de ayudar a los españoles, que no se aprovechó de la venta de mascarillas y que el material sanitario se vendió acorde a precio de mercado, con un margen de beneficio escaso. El resto de los imputados se acogió a su derecho a no declarar.

Íñigo Rotaeche

La Fiscalía Anticorrupción le identifica en su querella como el “principal y único accionista” de Soluciones de Gestión en el momento de la adjudicación de los contratos investigados. Figura en varias conversaciones relativas a las gestiones por la reclamación de Baleares que fueron interceptadas por la Guardia Civil en el marco de la investigación.

De estas comunicaciones telefónicas, la Benemérita concluye que es “la persona de confianza de Juan Carlos Cueto”, presunto ‘cerebro’ de la trama. Según apunta en sus informes, ambos despachan “diariamente” sobre las “gestiones realizadas a través de Koldo sobre la reclamación de la Administración de las Islas Baleares a Soluciones de Gestión”.

José Luis Rodríguez

Es un “subteniente de la Guardia Civil con destino en el Ministerio de Transportes”, según el Instituto Armado. Los agentes sostienen que “tiene relación con Koldo García” y que “dicha vinculación conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios”.

Los investigadores le sitúan en al menos dos ocasiones en reuniones con Koldo García en la marisquería de Madrid en la que solía quedar la trama. Consideran que es una “pieza clave en la gestión de los contratos investigados ya que se atribuye haber puesto en contacto a Cueto y De Aldama con los responsables de la adjudicación”.

Patricia Úriz

El Ministerio Público se refiere a ella como la pareja de Koldo García. Según precisa, es la “titular única” de “gran parte” de los bienes muebles e inmuebles que habrían sido adquiridos principalmente con los ingresos del exasesor de Ábalos, “que sólo aparece como titular de uno de los bienes adquiridos con posterioridad al año 2020”.

En el marco de la investigación, el juez ha acordado la prohibición de vender, gravar, enajenar y disponer varios de sus vehículos y ha bloqueado siete cuentas bancarias en las que figura su nombre.

Joseba García

Es el hermano de Koldo y, a juicio de Anticorrupción, fue utilizado para “ocultar la titularidad real sobre algunos inmuebles” junto a su exmujer.

Los investigadores han detectado traspasos desde sus cuentas a las de Koldo, su mujer y su hija. “Hay que destacar que ha sido receptor en sus cuentas de fondos en efectivo que en el año 2020 alcanzan los 130.652,38 euros, 84.907,61 euros en el año 2021, y 52.125 euros en el año 2022“, apuntan.