Cuidar la “casa común”

RODRIGO LLANES SALAZAR

El Papa nos recordó que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal

Uno de los grandes legados del papa Francisco es su carta encíclica “Laudato Si’” (2015), un llamado a la humanidad para el “cuidado de la casa común”, nuestro planeta Tierra, al que San Francisco de Asís se refirió como “una hermana”.

“Esta hermana —escribió el primer pontífice latinoamericano— clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella”.

En este documento, Francisco vinculó la protección del medio ambiente con el cuidado de los “pobres más abandonados y maltratados”. Así, por ejemplo, en el apartado dedicado a “La cuestión del agua”, escribió: “el agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos” y que “un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas”.

Particularmente, Francisco llamó la atención con respecto a que “las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y control suficientes”.

En contraparte, el Papa nos recordó en su encíclica que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”.

La encíclica “Laudato Si’” ha tenido un gran impacto en la defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos ambientales e indígenas de los “pobres más abandonados y maltratados”. Por ejemplo, en septiembre de 2014 se constituyó la Red Eclesial Panamazónica (Repam), una organización que reconoce como parte de su historia el nombramiento del papa Francisco en 2013 y la encíclica Laudato Si’.

En 2015, con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Repam solicitó una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Derechos humanos e industrias extractivas en América Latina”, la cual se celebró en marzo de ese año, justo “dos años después de que el papa Francisco tomara posesión”, como recuerda el cardenal Pedro Barreto, uno de los solicitantes de la audiencia.

De acuerdo con personas que intervinieron en el evento, se trató de una audiencia inédita, en la que participaron cinco obispos y, sobre todo, porque “había gente llorando en la audiencia, porque nunca habían imaginado que la Iglesia iba a tomar esas posiciones [de defender a los pueblos indígenas y a la naturaleza]. Era la Iglesia como institución. Eso fue posible porque hay un papa Francisco”, me comenta el cardenal Barreto.

La audiencia “Derechos humanos e industrias extractivas en América Latina” fue el antecedente para que la Repam, DPLF y otras organizaciones solicitaran otra audiencia ante la CIDH, sobre el “Derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas”, la cual se realizó en marzo de 2017, a partir de la cual la CIDH elaboró un novedoso informe, titulado “Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, el cual fue publicado en 2019.

El informe de la CIDH sobre la Panamazonía fue novedoso por varias razones. Una de ellas es el ya citado inédito involucramiento de entidades católicas en el uso de los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos.

Otra razón es que el informe fortalece el desarrollo del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y también incorpora el concepto de “solidaridad intergeneracional”, sobre el cual, el papa Francisco escribió en “Laudato Si’” que “ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos.

“Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar solo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual”. Se trata, para el difunto Papa, “de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán”.

Una razón más por la que el informe de la CIDH sobre la panamazonía es novedoso es porque se elaboró a partir del diálogo entre universidades de la región con personas indígenas del territorio. En palabras de la CIDH: “en este informe la Comisión busca acercarse a la episteme de los pueblos indígenas y tribales de la panamazonía. Desde el reconocimiento de la diversidad existente, presenta una serie de términos, estándares y enfoques novedosos en relación con otros documentos de la CIDH, relevando, en lo posible, los conocimientos propios, concepciones y lenguas de esos colectivos”.

Por otra parte, el informe de la CIDH expone una serie de “Obligaciones estatales frente a actividades de extracción, explotación y desarrollo”, entre las cuales se encuentran “contar con mecanismos de supervisión y fiscalización de tales actividades que ofrezcan respuestas eficaces y sean culturalmente adecuados”, “garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información”, “prevenir actividades ilegales (…) y violencia” y “el deber de garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos cometidas en estos contextos”.

Tanto la encíclica del papa Francisco como el informe de la CIDH sobre la Panamazonía resultan de gran relevancia para el contexto yucateco, en el que se han incrementado las actividades extractivas, de explotación y desarrollo, muchas de ellas amenazando con contaminación y sobreextracción de las aguas subterráneas de las que dependemos para (sobre)vivir.

Al respecto, en días pasados, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) clausuró la granja porcícola Pecuaria Peninsular (también conocida como “Santa María”) en la comunidad de Santa María Chí, “por no contar con permiso de descarga de aguas residuales”.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Profepa del pasado 25 de abril: “la operación de esta mega granja sin permiso de descarga de aguas infringe la ley y representa una amenaza permanente de contaminación para el suelo, los cuerpos de agua, la atmósfera y una amenaza para la salud humana de la comunidad que colinda con esta instalación”.

Mientras que la Profepa clasura la mega granja porcícola en Santa María Chí por incumplir con la legislación ambiental, el Ayuntamiento de Mérida ha renovado, de manera indebida, la licencia de funcionamiento de dicho centro de producción, a pesar de que, además de no contar con permiso de descarga de aguas, la empresa tampoco cuenta con autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental; también a pesar de que se han otorgado varios amparos a favor de la comunidad de Santa María Chí y que se ha denunciado, a lo largo de los últimos dos años, una serie de problemas asociados con la mega granja porcícola: desde los constantes malos olores, la contaminación del agua, problemas de salud respiratorios, plagas de moscas y moscos y la irrupción de la tranquilidad de la comunidad, incluyendo la criminalización del subcomisario de Santa María Chí, Wilberth Nahuat, por defender su comunidad y medio ambiente.

Por su relevancia, el caso del subcomisario de Santa María Chi fue incluido en el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental sobre agresiones a personas defensoras del medio ambiente, presentado el pasado 24 de abril.

La Profepa ya hizo su parte al clausurar de manera total la mega granja de Santa María Chí. ¿Harán su parte el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno de Yucatán?, ¿cumplirán con la supervisión y fiscalización de actividades que ponen en riesgo la salud de comunidades mayas y de nuestra Casa Común, nuestra hermana que el papa Francisco llamó a cuidar?

*Por su interés reproducimos este artículo de Rodrigo Llanes Salazar, publicado en Diario de Yucatán.