Se cumple así con el artículo 38.3 de la nueva Ley de Memoria que establece que "los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público".
Del total, 168.286 prestaciones correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 186.332, al segundo. El gasto en estas prestaciones entre enero y septiembre fue de 2.447 millones de euros.